Quien reprobó a Montoro fue el TC

Al día siguiente de que el TC declarara por unanimidad la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, ABC –en su editorial del pasado 9 de junio– dejaba clara su posición: la sentencia desautoriza tanto la decisión política como la construcción jurídica del decreto ley impulsado por Cristóbal Montoro. Un día después, ABC insistía en su postura y reclamaba al ministro de Hacienda responsabilidades políticas. No podía ser de otra manera, vistos los argumentos utilizados por el TC y el gravísimo reproche que el alto tribunal hacía de las consecuencias de aquella decisión: quebró el principio de igualdad de todos los españoles ante el Fisco; benefició a los defraudadores respecto al resto de contribuyentes; legitimó como una opción válida la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar, y provocó que el Estado abdicara de su responsabilidad de obligar a todos los ciudadanos a pagar impuestos.

Las críticas del TC se resumían en una frase demoledora: la amnistía fiscal «afectó a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». Lo que, en resumidas cuentas, venía a decir el más alto tribunal es que la aministía fiscal era inconstitucional, pero sus efectos no podían ser anulados. La mayoría de los grupos parlamentarios dejaron clara ayer en el Congreso su postura, que se concretará en la inminente reprobación del ministro de Hacienda. La reprobación es un instrumento parlamentario que –desgraciadamente– se utiliza con criterios partidistas y que no tiene efectos vinculantes para el Gobierno. De un tiempo a esta parte se emplea de manera arbitraria y discrecional, por lo que ha perdido hasta su valor simbólico. ABC no se suma a la reprobación parlamentaria del ministro. Y no porque no haya motivos objetivos, sino porque este periódico entiende que la reprobación de Cristóbal Montoro se la ha hecho, de forma tan contundente como razonada, el Tribunal Constitucional. Y eso, en un Estado de Derecho, son palabras mayores.

Que la sentencia del TC no lleve aparejada responsabilidades políticas no es la mejor noticia. Los pronunciamientos del órgano jurisdiccional supremo no se circunscriben solo al ámbito jurídico, porque en su función de intérprete de los preceptos constitucionales delimita la extensión y los límites de valores tan altos como la igualdad o la justicia. Y lo que ha dicho el Constitucional, en relación con la amnistía fiscal, es que ambos fueron violentados. Para pedir responsabilidad y ejemplaridad a los contribuyentes hay que ser ejemplar y responsable en el «deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». Y Montoro, como artífice de aquella «regularización», no lo fue. No lo dice ABC, sino el Constitucional.