Editorial ABC

«Liquidar la soberanía nacional»

Empieza a haber conclusiones: hubo un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional, y una situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo

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El de ayer no fue un buen día para los acusados por el intento golpista del 1-O. La fase del juicio para escuchar a más de 500 testigos comenzó con los testimonios del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos afirmaron haber conocido «acontecimientos de violencia» o de «acoso violento» en Cataluña durante los días previos y en la misma jornada de la consulta ilegal, y también durante la concentración ciudadana del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía de la Generalitat mientras se celebraba un registro judicial. Y ambos desmontaron el «buenismo» pergeñado por algunos acusados, según el cual la declaración de independencia fue un acto simbólico y sin relevancia jurídica. Así, confirmaron cómo pese a los numerosos requerimientos legales para impedir la proclamación de una «república» catalana, Carles Puigdemont provocó de manera deliberada la aplicación del artículo 155 por su intento de «liquidar la soberanía nacional» a sabiendas de que el Gobierno nunca autorizaría la celebración de un referéndum para romper España. Rajoy y Sáenz de Santamaría también eludieron caer en la trampa tendida por alguna defensa para sentar en un virtual banquillo de los acusados a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como si la única violencia que se produjo fuese la provocada por ellos. Santamaría fue taxativa en ese sentido al sostener que «hubo violencia, coacciones y acoso masivo y sistemático» por parte de «una muralla» de ciudadanos, que pretendieron impedir que el Estado impusiera el orden público en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que prohibieron expresamente la consulta farsa.

La pretensión de algunas de las defensas de que Rajoy, Santamaría o Cristóbal Montoro se vieran empujados a probar jurídicamente la tipicidad de la violencia vinculada al delito de rebelión, o la malversación de caudales públicos, cayó en saco roto. Por dos motivos: primero porque es improcedente interrogar a testigos en ese sentido a modo de encerrona, y segundo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cortó de manera impecable esta treta pseudojurídica para convertir la sala de juicios en un plató televisivo, más orientada a lograr titulares en favor de las tesis separatistas que en convencer al tribunal de los hechos. En este sentido, fue relevante el testimonio de Artur Mas, cuando dejó claro que se opuso a cualquier plan del separatismo para forzar una declaración unilateral de independencia, de modo que su testimonio no resultó especialmente favorable para los acusados. Empieza a haber conclusiones claras, incluso pese a la extraña estrategia de la Abogacía del Estado, que a menudo parece más afín a las defensas de los golpistas que a su papel de acusador: hubo un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional, y hubo una situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo.