Tribunales
La sospecha de los contratos 'a dedo' vuelve a la Sierra de Cádiz: el alcalde de Villamartín y su antecesor, al banquillo
La Fiscalía Anticorrupción pide para el actual regidor Juan Luis Morales y para el exprimer edil José Luis Calvillo penas de inhabilitación por contratar a personal municipal «ignorando» los concursos públicos
De nuevo habrá unos alcaldes de la Sierra de Cádiz sentados en el banquillo de los acusados por haber sido procesados del mismo delito: la prevaricación. Y de nuevo será por el mismo motivo que en los últimos años se ha repetido sobre varios de los responsables de los consistorios serranos imputación tras imputación: firmar y autorizar contratos de personal municipal sin tener en cuenta los procedimientos de concurso público a pesar de haber sido advertidos de que supuestamente estaban cometiendo una irregularidad por ello.
Y los dos políticos que próximamente (aún el juicio no está señalado) tendrán que ponerse delante del tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Cádiz a dar las explicaciones pertinentes son: el andalucista José Luis Morales Gallardo, actual alcalde de la localidad, y José Luis Calvillo, de Izquierda Unida , quien fue primer edil de este municipio durante ocho años, de 2003 a 2011.
La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz dirige hacia ellos su acusación y también contra otros dos exinterventores accidentales que estuvieron ejerciendo tales funciones cuando se produjeron los hechos por los que se les ha imputado.
Así, en su escrito de acusación al que este periódico ha tenido acceso, el Ministerio Público sostiene que Morales Gallardo en su condición de alcalde de Villamartín y «con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del preceptivo proceso de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, celebró numerosos contratos temporales sin acudir a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento ni al Servicio Andaluz de Empleo».
Lo decidía él mismo
Anticorrupción asegura que dichos contratos «los decidía el propio alcalde» y a continuación se redactaba por un auxiliar administrativo del departamento de personal. Una vez estaba ya redactado, se pasaba nuevamente a la firma y formalización al regidor.
«Dichas contrataciones eran realizadas amparándose en supuestas situaciones de necesidad de los contratados», continúa el fiscal, si bien «no consta que se incoase expediente alguno», no figurando documentación que acredite esa supuesta situación de necesidad, ni informe de trabajador social del Ayuntamiento en la que se manifestase esta situación de precariedad y en la que se propusiese por tanto la contratación de dichas personas, a pesar de lo cual por parte del acusado se procedió a su contratación.
Supuestamente estos contratos por situaciones de necesidad no acreditadas y realizadas al margen de la bolsa de trabajo eran utilizadas por el Consistorio para un periodo máximo de 15 días si bien, según Anticorrupción, esto era « una simple excusa para que estos trabajadores perpetuasen su puesto en la Administración Pública ya que muchos de los contratos se fueron encadenando hasta la actualidad».
Por parte de Juan Luis Morales se celebraron prescindiendo «total y absolutamente de procedimiento alguno que garantizase la publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad» este tipo de contratos 'a dedo', desde septiembre de 2011 a octubre de 2015 en diferentes períodos y que beneficiaron hasta a una treintena de personas . Algunos de ellos tuvieron varios de estos contratos conservando así su puesto de trabajo durante más tiempo.
De esta manera se formularon diferentes contratos para plazas de jardinero, electricista, limpiadora, pintor, auxiliares administrativos, monitores deportivos, barrendero, conductores, vigilantes o tractorista, entre otros.
Idéntico supuesto 'modus operandi'
Pero al igual que el actual alcalde, su antecesor en el cargo, José Luis Calvillo , también se encuentra procesado en esta misma causa. En su caso por supuestos contratos fraudulentos firmados desde 2007 a 2011, del mismo modo, en periodos intermitentes.
Así -relata la Fiscalía- por parte de Calvillo se celebraron prescindiendo «total y absolutamente de procedimiento alguno que garantizase la publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad» otra veintena de estos contratos de los mismos perfiles.
Y en cuanto a lo que respecta a los dos interventores accidentales que se encontraban ejerciendo tales funciones en el Ayuntamiento cuando se formalizaron estos contratos investigados, según la acusación pública, lo hicieron «con conocimiento de que se estaba prescindiendo del preceptivo procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no realizaron en el ejercicio de sus funciones ningún informe de reparo incumpliendo con su función de fiscalizar el gasto público y coadyugando su realización». Y añade que estos interventores fiscalizaban el gasto previo de las contrataciones y los pagos posteriores a la hora de pagar la nómina «sin que pusiesen obstáculo alguno a su materialización».
Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita que el actual alcalde de Villamartín y su antecesor sean condenados como autores de un presunto delito de prevaricación a una pena de doce años de inhabilitación para cualquier cargo público . Y para los dos exinterventores, tres años de inhabilitación por este mismo delito.
Cabe recordar que Juan Luis Morales ganó las últimas elecciones municipales de la mano de Andalucía Por Sí por mayoría absoluta logrando diez concejales, los mismos que la anterior legislatura. Por tanto actualmente se encuentra en su tercer mandato.
Por otro lado, contra el exregidor José Luis Calvillo pesa ya una condena firme de inhabilitación. En marzo del año pasado el Supremo confirmaba contra él la pena de tres años y medio de inhabilitación que la Audiencia Provincial de Cádiz le había impuesto al considerar probado que Calvillo 'enchufó' a una empleada municipal en el Ayuntamiento de la localidad serrana. La Fiscalía Anticorrupción había pedido al tribunal que lo castigara con doce años de inhabilitación por prevaricación continuada pero en el fallo se terminó aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos juzgados ocurrieron hace más de una década.
