Iglesias, Casado, Tardá y Rivera se han pronunciado sobre la crisis de las corbetas.
Iglesias, Casado, Tardá y Rivera se han pronunciado sobre la crisis de las corbetas. - LA VOZ
CRISIS DE LAS CORBETAS

Las reacciones de todos los grupos políticos del Congreso sobre la crisis de las corbetas

Podemos y los independentistas acusan a Sánchez de hacer algo «ilegal» mientras Casado y Rivera no profundizan en el debate

CádizActualizado:

Los portavoces de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han avisado este miércoles al Gobierno de que mantener las exportaciones de armas a Arabia Saudí es «ilegal» porque contraviene la legislación nacional e internacional y han reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no ceda a «presiones y rectifique».

En el debate en el Pleno del Congreso sobre las relaciones comerciales en armamento con Arabia Saudí, Sánchez ha tenido que hacer frente a estas críticas de una parte de la oposición, que ha calificado las ventas a la monarquía del Golfo Pérsico de «corrupción de los valores democráticos».

En su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido la suspensión de las ventas de armas a Arabia Saudí y la revocación de los contratos ya firmados, tanto por un imperativo «ético» de defensa de los derechos humanos como por el ordenamiento jurídico nacional e internacional que prohíbe la exportación de material de defensa a países en conflicto.

«Sé que usted en el fondo está de acuerdo conmigo -ha dicho dirigiéndose a Sánchez-. Sabe que no debemos vender armas y se podrían revocar contratos. Sé que está recibiendo enormes presiones y le pido que no haga como el PP, rectifique y dé una lección que los españoles le van a agradecer».

Un país que descuartiza y tortura a un periodista

Iglesias ha insistido en que el embargo a las exportaciones debe producirse por razones «de tipo ético» sobre un país que «descuartiza y tortura» al periodista Yamal Jashogi a la vez que perpetra una violación «sistemática» de los derechos humanos contra la población de su país y la de Yemen.

Y ha pedido no utilizar «eufemismos» y «llamar a las cosas por su nombre. Hemos vendido 400 bombas de precisión a Arabia Saudí que ustedes han dicho que no matan civiles. Pero todos sabemos que las bombas de precisión matan civiles, digamos la verdad», ha reclamado.

Pero además, ha insistido en que la ley «obliga» a cesar esas ventas y ha reiterado la propuesta de Podemos para hacer frente a los contratos que pudieran decaer por esa decisión, como las cinco corbetas de Navantia en la Bahía de Cádiz. A su juicio, el Gobierno debe buscar un comprador alternativo o, si esto no es posible, mantener la carga de trabajo en los astilleros con inversión pública.

«Si hay que pagar una factura, la pagamos todos», ha reivindicado apostando por una política industrial «seria» y planes alternativos para el sector naval y la industria de defensa española, que ha asegurado que ha presentado ya en numerosas ocasiones el alcalde de Cádiz, José María González.

Han apoyado estas tesis los portavoces de En Comú e IU, Lucía Martín y Miguel Ángel Bustamante, quienes han pedido a Pedro Sánchez que sigan los pasos de Alemania, que ha anunciado la suspensión de las exportaciones a Arabia Saudí, le han acusado de «alinearse al lado de una dictadura sanguinaria» como la de la monarquía saudita y han exigido al Gobierno que no plantee un debate «entre derechos humanos o puestos de trabajo».

Sánchez, responsable

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha avisado de que las exportaciones de armas a Arabia Saudí son «ilegales», podrían incluso caer en «prevaricación» y suponen «una verdadera corrupción de los valores democráticos»

Tardà ha abordado este «dilema sobre saltarse o no la ley», un debate que ha reconocido que le suena «mucho», y ha preguntado al Gobierno quién vela por el cumplimiento de la legislación en este caso cuando en otras ocasiones «se llena la boca de la necesidad de cumplir la ley».

El portavoz de ERC ha lamentado que el Gobierno haya decidido mantener la venta de armamento a Arabia Saudí «desautorizando» a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien cree que anunció la paralización de un contrato de 400 bombas por «dignidad».

Y ha rechazado el argumento «patético» de que se trata de bombas «con muy poco margen de error». «¿Dónde está el grito de no a la guerra?», ha preguntado avisando al presidente del Gobierno de que él será «el responsable» del uso último que se haga de esas bombas.

A esta idea se ha sumado el portavoz del PDeCAT, Jordi Xuclá, quien ha recordado que el asesinato de Jashogi es sólo un paso más de un país que ya vulneraba los derechos humanos en Yemen, en su propio país o mantenía un comportamiento «compulsivo» en las relaciones diplomáticas con otros países.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha rechazado soluciones unilaterales como la de Alemania porque cree que «no van a tener el efecto necesario« y ha apostado por una decisión conjunta de la Unión Europea. Sin embargo, hasta que esta postura llegue cree que «hay que parar e intentar buscar una solución. «Si al final usted decide cancelar los contratos, nosotros le apoyaremos», ha anunciado.

La petición de paralizar las exportaciones a Arabia Saudí también ha llegado de la mano de Compromís, cuyo portavoz, Enric Bataller, cree que mantener los negocios con el régimen saudí «como si no pasara nada» daría a «los déspotas de todo el mundo luz verde para masacrar siempre que tuvieran dinero e influencia suficiente».

La 'muerte política' de Robles

Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, no ha abordado este asunto en profundidad en su discurso y únicamente ha hecho referencia al asesinato de Jashogi para asegurar que le preocupa tanto este suceso como el acaecido en Venezuela con la muerte del opositor Fernando Albán.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado que su grupo aboga por respetar los contratos ya firmados y abrir un debate sobre las futuras exportaciones «con respeto a los derechos humanos».

Rivera cree que Sánchez, en esta polémica, «mató políticamente» a la ministra de Defensa y ha lamentado que el Gobierno se haya embarcado solo «en este lío» al actuar «descontrolado y sin descoordinación».

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha respondido a todas estas críticas recordando que el contrato de exportación de 400 bombas fue firmado por el Gobierno del PP y aprovechando por criticar a la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por «no dar explicaciones» a su sucesora en el Departamento.

Como ya ha explicado Pedro Sánchez, Lastra ha apuntado que el Gobierno decidió «priorizar» la garantía de los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz, una decisión que además ha recordado que fue apoyada por los todos los partidos en Andalucía. «No se puede pedir más al Gobierno de lo que uno mismo defiende, no se puede pedir que renunciemos a defender el interés general de España», ha subrayado.