El Gobierno devolverá más de 240.000 euros en multas a los gaditanos

En ese contexto, entre el mes de marzo y junio, el rechazo a la minoría que no acataba las normas era palpable. La concienciación ciudadana, el sentimiento de responsabilidad y –quizás el principal motor de aquellos esfuerzos– el miedo parecían justificar toda sanción a quienes, faltos de empatía, ignoraban el confinamiento y el resto de medidas restrictivas.

A pesar del sentimiento de indignación generalizado que provocó, esa minoría temeraria no tendrá mayor reprimenda que los reproches de los policías de balcón. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado julio, que declaró ilegal ese confinamiento general e indiscriminado –para el que habría sido necesario aplicar un estado de excepción–, dejó sin efecto todas las sanciones. El Gobierno de coalición ya está tramitando los primeros reingresos , que supondrán una especie de amnistía para miles de personas que fueron sancionadas por incumplir las normas en los peores momentos de la pandemia.

Sólo en la provincia de Cádiz se instruyeron más de 7.000 expedientes sancionadores correspondientes al periodo de entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, según fuentes de la subdelegación del Gobierno. Generalmente las multas por saltarse las restricciones a la movilidad tenían un importe de 601 euros, por lo que, en un cálculo aproximado, el Estado dejaría de ingresar más de cuatro millones de euros en recaudación sólo en la provincia de Cádiz.

De esos 7.000 expedientes instruidos, unos 800 gaditanos se habían abonado el pronto pago. En estos casos, teniendo en cuenta el descuento incluido para quienes abonan la cantidad exigida a corto plazo, los sancionados desembolsaron una cantidad de 300 euros. La subdelegación tramitará las devoluciones en los próximos meses, que supondrán un coste para las arcas del Estado de unos 240.000 euros . «Normalmente más del 20% de los sancionados por otro tipo de incumplimientos se acoge al pronto pago, pero el porcentaje ha descendido hasta el 12% en este contexto porque había muchas dudas sobre si finalmente se cobrarían», plantean las fuentes consultadas.

Pero la devolución de sanciones y el coste que supondrá para los bolsillos de los españoles no acaba ahí. Estos datos no contemplan el dinero que tendrá que reintegrar el Ministerio de Hacienda, que durante estos meses ha continuado con los embargos en las cuentas bancarias de aquellos que se saltaron las normas impuestas pero que hasta el momento no habían pagado nada. La subdelegación del Gobierno de Cádiz también se encargará de esos trámites.

Según los datos que facilitó el Ministerio del Interior en marzo de este año, se impusieron en toda España un total de 1.142.127 multas durante el primer estado de alarma. De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 se habían trasladado a otras administraciones; 54.193 se encontraban en proceso de instrucción; y 11.206 se habían archivado, según datos actualizados por Política Territorial el pasado mayo. Es decir, más de 170.000 multas ya se habían cobrado hasta el mes de mayo.

No serán las únicas, ya que esta misma semana el Tribunal Constitucional ha asestado el tercer palo a la política legislativa del Gobierno en el marco de los estados de alarma decretados por Pedro Sánchez. Esta decisión también supondrá la devolución de miles de multas para todos aquellos que se saltaron las normas.