Alquiler
Cádiz tiene casi 5.000 grandes propietarios con diez o más viviendas
Algeciras, Jerez o Cádiz capital concentran la mayoría de los inmuebles que podrían verse afectados por la nueva ley
La nueva ley de vivienda presentada hace unas semanas por el Gobierno de coalición pretende limitar el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, aunque los expertos tienen opiniones enfrentadas respecto a cuál será su efecto real. De hecho, la decisión final sobre si aplicar o no estas medidas quedará en manos de la Junta de Andalucía, que ya ha mostrado su rechazo, o de los ayuntamientos.
Lo cierto es que, además de las grandes capitales, los municipios costeros también han experimentado un aumento destacado de los precios en los últimos años. En Cádiz capital el problema de la vivienda es crónico, pero ha ido a más en los últimos años.
La norma permitirá intervenir el precio de alquiler en los barrios con los precios más elevados, pero sólo a los grandes propietarios , es decir, a aquella persona física o jurídica con más de diez inmuebles a su nombre. Son los considerados como grandes tenedores, un concepto que ha entrado en el debate a la hora de elaborar esta ley; Unidas Podemos quería incluir a todo aquel que tenga más de cinco inmuebles, aunque finalmente el mínimo se ha fijado en diez.
La ley contempla limitar los precios en los barrios más caros a los propietarios que tengan diez o más viviendas en alquiler
Atendiendo a esta definición, hay casi 5.000 (4.709) grandes propietarios de bienes inmuebles urbanos en la provincia de Cádiz , según los datos de la Dirección General del Catastro, que no los ofrece, de momento, por municipios. En cualquier caso, la mayoría de esos inmuebles se repartiría entre las ciudades más grandes, entre las que se encuentran Jerez, Algeciras o Cádiz capital.
Gran parte de esos casi 5.000 grandes tenedores, 3.932, se encuentra en la orquilla de entre once y 25 inmuebles. 491 tienen entre 25 y 50 propiedades y 286 tienen más de medio centenar.
Hay que tener en cuenta que no todos esos propietarios son personas físicas, sino que en esta estadística también se encuentran empresas, cooperativas, inmobiliarias, promotoras o fondos de inversión . También administraciones públicas -Junta de Andalucía o ayuntamientos-, asociaciones, fundaciones u otras entidades que usan estos inmuebles con fines sociales y que, según los términos que marca el borrador de la ley, no se verán afectados.
Intervención de los alquileres
El Gobierno pretende dotar de herramientas a las administraciones autonómicas y locales para intervenir el precio de alquiler de algunos de esos grandes propietarios, pero no de todos sus inmuebles. Sólo se podrían ver afectados los inmuebles que tengan en un barrio o ciudad tensionada . A la espera de la aprobación de la nueva ley, se podrán considerar zonas tensionadas aquellas en las que el precio medio del alquiler haya vivido una escalada continuada en los últimos años y en los que éste supere el 30% de los ingresos medios de sus ciudadanos.
En ciudades como Cádiz, gran parte de sus barrios encajaría en esta definición, aunque para intervenir los precios se necesitará el visto bueno de la Junta, que ya se ha mostrado contraria a tomar medidas. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se muestran dispuestos a aplicar limitaciones al precio del alquiler en una ciudad donde el porcentaje de la renta destinado al alquiler ronda entre el 40% y el 50% , según los datos facilitados por la Concejalía de Vivienda. «Si no regulamos el mercado, como hacen ya buena parte de los países europeos de todos los colores políticos, la especulación seguirá originando una subida permanente en los precios de la vivienda; regular los precios de los alquileres va a ser decisivo para frenarlo», plantea la concejala de Vivienda, Eva Tubío.
Desde el sector inmobiliario, sin embargo, se muestran escépticos con el margen de actuación que permite esta ley. Sólo se podrían intervenir los alquileres de algunos grandes propietarios con inmuebles en zonas tensionadas, quienes tienen en su haber un porcentaje mínimo del parque inmobiliario.
Hay quien incluso vaticina que la medida estrella, el bono joven para ayudar a los menores de 35 años a pagar el alquiler, supondrá un aumento de precios en Cádiz , donde la limitación de los precios apenas tendría efecto. «En ciudades con poca oferta, donde además las viviendas no están en manos de grandes tenedores, puede que el precio del alquiler acabe absorbiendo esta ayuda y generando por tanto el resultado opuesto al buscado», plantean desde el sector inmobiliario.
