El Gobierno vasco se autoinculpa en la querella contra Ibarretxe

Todos los consejeros del Gobierno Vasco, del PNV, EA y EB, han decidido hoy autoinculparse en la querella presentada por el Foro Ermua contra el lehendakari Juan José Ibarretxe, por reunirse con Arnaldo Otegi. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha asegurado que las "críticas" del Gobierno vasco a los jueces que han admitido la querella forman parte de "un proceso de deslegitimación del Poder Judicial en el País Vasco". El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite la semana pasada la querella criminal contra el lehendakari y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna , Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena, con motivo de la reunión que mantuvieron el pasado 19 de abril, por los presuntos delitos de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar.

La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, ha comparecido de forma extraordinaria, junto a los líderes de sus dos socios, Joseba Azkarraga (EA) y Javier Madrazo (EB), para expresar la "indignación" del Ejecutivo autónomo por la admisión a trámite de esta querella, admisión que recurrirán, y para explicar la postura de los consejeros del Gobierno vasco. Según ha anunciado López, el Pleno del CGPJ que se reúne mañana estudiará estas declaraciones de Azkarate para explicar dicha iniciativa de autoinculpación, a pesar de que este asunto no esté incluido en el orden del día. López, quien destacó que "es difícil reconocer en esas declaraciones a personas que forman parte de una sociedad democrática del siglo XXI", señaló que, tras analizar estas manifestaciones, el Pleno podría adoptar una serie de medidas "dirigidas a conseguir un inmediato respeto del Poder Judicial y a garantizar la independencia de los jueces".

Además, la portavoz ha anunciado que los tres partidos que sustentan el Ejecutivo de Vitoria solicitarán la comparecencia urgente del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, ante el Parlamento Vasco, para que "explique la grave vulneración de los derechos fundamentales del lehendakari en el ejercicio de sus funciones públicas, para las cuales ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos de este país", ha afirmado la portavoz. También quiere el Gobierno Vasco que el magistrado explique "sus continuas manifestaciones sobre las actuaciones políticas de las instituciones vascas". Sobre este asunto, López indicó que "habrá que esperar" a que esa citación se produzca, ya que, en ese caso, el magistrado deberá dar traslado de ese llamamiento al Consejo para que sea estudiado en la Comisión Permanente. "Lo más grave son las declaraciones y la críticas al presidente del TSJPV y a los jueces de la Sala de lo Civil y Penal, que ponen de manifiesto no sólo una falta de respeto al Poder Judicial sino que, efectivamente, el Poder Judicial y el Estado de Derecho les estorba", insistió.

A su juicio, "estamos ante una escalada de argumentaciones poco conciliables con el Estado de Derecho y con una Democracia en la que se respeta a los jueces" y recordó que cuando una decisión judicial no gusta se combate con un recurso, pero no con "declaraciones de este tipo que ponen a los jueces en una situación muy difícil".

Azkarate defiende la iniciativa de Ibarretxe

Tras afirmar que el lehendakari, como cualquier otro ciudadano, está sometido al derecho y a la acción de los tribunales, Azkarate ha aclarado que éstos "no pueden establecer cómo un Gobierno y su lehendakari han de ejercer su legítimo patrimonio de acción política, destinado a alcanzar la paz definitiva y a lograr acuerdos políticos entre las formaciones que representan a la sociedad". Ha aclarado que pese a que todavía no han decidido cuál será el procedimiento concreto de recurso a la admisión a trámite de la querella, ni cómo se traducirá la autoincuplpación de los miembros del Gobierno, éste sí ha previsto "utilizar todas las vías e instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el Tribunal que ha dictado este auto".

En la declaración del Gobierno leída por la portavoz se recuerda que ésta es la "primera vez en la historia en la que a un lehendakari se le abre un proceso penal por defender la palabra y el dialogo", porque "¿dónde se ha visto que llevar a cabo un diálogo para conseguir la paz esté penado por la ley?". "Resulta gravísimo que la democracia española pretenda homologarse a las democracias europeas, cuando existen leyes que posibilitan que un presidente de Gobierno pueda ser acusado de delito por el simple hecho de mantener encuentros con agentes políticos y personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales, con el encomiable objetivo de consolidar un proceso de paz", se añade.

Según Azkarate, es un "disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad".