El exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, entra en la Audiencia este martes.
El exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, entra en la Audiencia este martes. - ANTONIO VÁZQUEZ
TRIBUNALES

El turno de los testigos de Quality, de los «no lo recuerdo» al «auténtico disparate»

El tribunal del 'caso Quality Food' comienza a escuchar los testimonios de los que formaron parte del comité ejecutivo del Consorcio cuando se gestó el negocio de la empresa de García Gallardo

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Nueva fase en el juicio del 'caso Quality Food' que intenta dirimir si se cometió un fraude millonario a la Zona Franca engordando las cuentas de Quality Food para la concesión de ayudas, un dinero público que finalmente pudo destinarse a otros fines privados. De nuevo los acusados se sentaban este martes en el banquillo y por la sala comenzaban a pasar algunos del medio centenar de testigos que están citados en esta causa.

La jornada de declaraciones estuvo protagonizada por algunos de los que formaron parte del comité ejecutivo del Consorcio en aquella época (2002-2006). Sus intervenciones ante el tribunal de la Sección Tercera se puede decir que se dividió en dos vertientes. Una, la de aquellos que debido al tiempo transcurrido desde los hechos (quince años) aseguraron no recordar muchas de las cuestiones que les plantearon las partes y se remitieron a lo que se quedó reflejado en las actas de la celebración de aquellos comités, y, por otro, quien sí cargó algo más las tintas en sus respuestas.

«Somos conscientes del tiempo transcurrido», le decía la fiscal del caso al exconcejal Enrique García Agulló quien fue edil del Ayuntamiento de 1995 a 2007 y, por tanto, estaba en el comité ejecutivo. García Agulló contó que su presencia en dichas reuniones no era fija debido a que en ocasiones no podía acudir porque se lo impedían sus funciones de relaciones institucionales del Consistorio y que su condición como secretario era más «simbólica» que otra cosa. «No tenía ni siquiera tarjeta de visita». Al ser cuestionado sobre cómo se preparaban dichos comités, el exedil aseguró que no tenía constancia de que se celebraran reuniones previas sobre los asuntos que se iban a tratar y que en el comité del 23 diciembre de 2003 cuando a través de Sogebac, el Consorcio toma el mando de Quality, hubo dos posturas y «en ninguna de ellas hubo advertencia de los abogados del Estado de que la resolución adoptada podía ser ilegal».

El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel de Juan Pascual, también miembro del comité ejecutivo de Zona Franca desde 1998, coincidió con García Agulló sobre que ni los abogados del Estado ni ningún asesor les comunicó que las opciones sobre la ampliación de capital y otras que se fueron sucediendo fueran prácticas irregulares.

Más contundente en sus respuestas fue el que fue Fernando Sicre, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz de 1999 a 2003 y, por tanto, también miembro del comité ejecutivo del Consorcio en aquel tiempo. Sicre comentó que el 12 de diciembre de 2002 les convocaron de manera urgente y que cuando llegó «no había ni un solo papel», una circunstancia que le «sorprendió» y que comentó en el corrillo de antes de la reunión. Lo tachó de «disparate». «No es posible aprobar una ampliación de capital a futuro sin una valoración previa y más cuando se está hablando de una prima», afirmó a los magistrados. Según insistió lo vio «absolutamente inconveniente» y así lo transmitió. «Desde el principio dije que iba a votar que no».

También explicó que antes de esa reunión presenció como llamaban a la alcaldesa Teófila Martínez desde un banco para preguntarle por la viabilidad de Quality ya que les había pedido un préstamo. «Tenía la completa seguridad de que iba a ser un problema».

Sobre por qué esta postura tan directamente opuesta no se reflejó en ninguna de las actas, el exedil manifestó que justo tras esas reuniones hubo varios desencuentros acerca de cómo se redactaban dichas actas. «Para mí era un auténtico disparate. No se puede multiplicar por cuatro la estructura sabiendo que no se dispone del 50% de fondos». Acerca de si fue él mismo quien habló sobre las bondades de esta compañía que en principio tenía su sede en El Puerto para que entrara en el recinto fiscal, sí admitió dicho extremo aunque aseguró que el plan financiero de 2001 no tuvo nada que ver con su posterior rumbo económico.

Por su parte, el concejal popular Ignacio Romaní, también miembro del comité ejecutivo y que incluso llegó a estar imputado durante la instrucción aunque finalmente la Audiencia lo revocó, se mantuvo muy cauto asegurando que no recordaba al detalle las gestiones que se hicieron y que se remitía a las actas de los comités que se celebraron.

Romaní asistió por primera vez a un comité el 1 de diciembre de 2003 cuando el Consorcio ya tenía intereses en Quality Food. Entonces, como explicó, el Ayuntamiento vio en esta compañía una oportunidad de crear empleo en Cádiz ya que las empresas de ese sector tenían «futuro». Sin embargo, las cosas fueron cambiando y sí recordó que el entonces delegado Miguel Osuna fue transmitiendo al comité su «preocupación» porque «se estaba enterando de cada vez más cosas que no había sabido hasta el momento y quería tomar el control de la situación».

Las declaraciones de los testigos continuarán durante toda esta semana.