TRIBUNALES
Quality, las cartas boca arriba
La primera semana de juicio sobre este supuesto fraude millonario empieza a dejar algunas claves sobre la mesa de este engorroso asunto
La Audiencia Provincial de Cádiz acogió la pasada semana el arranque del juicio sobre uno de los escándalos financieros más espinosos que ha sacudido la provincia en las últimas dos décadas, el ‘caso Quality Food’ , en el que se investiga si un empresario de San Fernando, Manuel García Gallardo, se apropió de manera fraudulenta de dinero que recibía de ayudas para la empresa alimentaria que fundó con el supuesto beneplácito de los que eran entonces responsables del Consorcio de Zona Franca. El asunto ha estado durante unos quince años dirimiéndose en los juzgados. Y, salvo el pleito que mantuvieron ya en lo mercantil, no ha sido hasta este martes cuando los procesados han empezado a dar su versión sobre estos hechos en el curso penal. La Fiscalía habla de que tejieron una trama para inflar la valoración de dicha compañía y maquillar sus cuentas para que recibiera así más subvenciones que finalmente, según la acusación, supuso un «grave perjuicio» para las arcas públicas .
El Ministerio Fiscal solicita la mayor pena para este empresario, 16 años y siete meses de cárcel por hasta siete delitos. Pero además también ha puesto en su diana a otros cinco imputados: la madre del empresario (por firmar determinados documentos), el delegado de aquellos años en Zona Franca (2001-2004) Miguel Osuna, su mano derecha entonces, José Manuel Fedriani, y dos investigados más: un banquero y un supuesto testaferro. También están personados en esta causa como acusación la Abogacía del Estado, cuya labor en la gestión de todo este proceso está siendo muy cuestionada por los procesados, y el PSOE. Además en el arranque de la vista, tras las cuestiones previas, el tribunal admitía también la personación de Quality como empresa, es decir como actor civil, pero no como acusación. Entienden los magistrados de la Sección Tercera que sería contradictorio que actuaran como parte debido a que no iban a acusar a los supuestos máximos implicados cuando, se supone, se presentan para defender los intereses de la compañía.
Pues bien, desde este pasado martes, como cualquier comienzo de juicio se comenzaba por escuchar los testimonios de los investigados . En unos cuestionarios bastante trabados en idas y venidas en el tiempo y en una maraña de operaciones y fechas, todos quisieron aportar la información que consideran que puede defender su gestión, exculpándose de haber podido cometer alguna irregularidad. Y sobre la mesa dejaron ya algunas claves, muchas conocidas, otras no tanto, que pueden dar algo de luz a este tema que saltó también al terreno político y que por fin el curso judicial podrá ponerle un punto y final.
Los inicios
El discurso mantenido por los acusados ha intentado repasar la historia de Quality desde que comenzó su andadura hasta que finalmente el Consorcio (a través de la sociedad Sogebac) se hizo con el control. Según relató su creador, García Gallardo, se pusieron en contacto con ellos cuando tenían la sede en El Puerto y querían que se establecieran en Cádiz. Al principio dijo que no le convenció pero finalmente aceptaron escuchando las ofertas que le hicieron al respecto de acuerdos de asesoramiento y por la posibilidad de pedir ayudas fiscales. A cambio, el Consorcio entraría en la compañía con un porcentaje que después iría creciendo y que más tarde con la ampliación de capital que necesitaron terminaría absorbiendo y liquidando. Osuna entró en el Consorcio en el año 2001. La relación con el empresario isleño era «buena», incluso Gallardo dijo que el delegado fue «como un hermano mayor» para él que le daba «muy buenos consejos». Miguel Osuna explicó que ya cuando él formó parte del comité ejecutivo del Consorcio la decisión de que Zona Franca entrara en Quality estaba tomada de antes. En cuanto a Fedriani aseguró que él seguía las directrices que le iban marcando y que no conoció realmente el estado de las cuentas de la empresa alimentaria hasta que no le solicitaron que hiciera un informe cuando se hablaba ya de la ampliación de capital.
Los préstamos participativos
Uno de los asuntos que más está centrando las cuestiones tratadas en este juicio es el asunto de qué tipo de ayudas se dieron a Quality. En este sentido las versiones son coincidentes: a través de préstamos participativos, es decir, unos créditos temporales a cambio de conseguir una mayor participación en las acciones. Osuna ha declarado que se celebró el comité ejecutivo en el que se propuso la señalada ampliación de capital de Quality Food hasta un 43 por ciento para que la firma tuviera la suficiente liquidez para poder optar a subvenciones del plan Reindus. Según matizó, este dinero aunque se dio en diferentes etapas, fue un «único movimiento». Uno primero, en abril de 2001 por valor de 900.000 euros –antes incluso de la firma del primer convenio–, otro en mayo de 2002 también por 900.000 y el tercero, en diciembre de 2002 de 1.200.000 euros más los intereses que habían generado los dos anteriores, es decir, casi 1.900.000 euros. Los dos primeros fueron conferidos de Zona Franca a Quality y ya el último con Sogebac para hacerse con la empresa en una nueva ampliación de capitales. A partir de ese momento todas esas cantidades se transfieren a acciones. Por su parte, García Gallardo insistió que todos estos créditos fueron devueltos a la Zona Franca y que le «extrañaba» que esa información no aparezca en ningún comité ni acta.
Comité de diciembre de 2003
Durante el período de Quality en Zona Franca se celebraron varias reuniones al respecto de la situación de la empresa y sus necesidades. «Como se hace con cualquier otra que lo precise», dijo Fedriani. Especial interés está tomando la del 23 de diciembre de 2003. En ese encuentro se determinó la toma de control en Quality.
Y aquí hay disparidad. Osuna contó que se hizo de urgencia porque García Gallardo le había dicho que iban a entrar en «suspensión de pagos». Mientras, el empresario pintó una empresa con un gran potencial que estaba creciendo y que tenía sobre la mesa contratos millonarios. Osuna refirió que informó a «todos» los interesados y que el Ayuntamiento de Cádiz se mostró conforme a tomar las riendas de la compañía. Además, insistió que siguió las directrices que le iban marcando por normativa y que fue el abogado del Estado Manuel Ponce quien dirigió la convocatoria. Finalmente deciden hacerse con el 52%, tomar el poder de decisión («yo pongo el dinero, yo decido») y marcan una serie de condiciones por si Zona Franca o la familia García Gallardo quiere hacerse con el cien por cien que depende de dos auditorías sobre el valor real de Quality Food que encargan a dos empresas independientes, cuyos informes de valoración están siendo también materia de análisis judicial.
Los Abogados del Estado
Tanto Osuna como Fedriani han mostrado su enérgico rechazo al papel que desempeñaron, a su juicio, los dos abogados del Estado que como ente público participaban y controlaban los movimientos que se hacían en el Consorcio. Fedriani afirmó ante el tribunal haberse sentido «manipulado» por ellos y que son los responsables de que él esté sentado en el banquillo. Por su parte, Osuna mostró su contrariedad también por los pasos dados por éstos asegurando que él siempre había seguido sus consideraciones. Además resaltó que uno de ellos fue quien redactó un informe años después de que el asunto llegara a los tribunales y que acabó con su imputación.
El resto de los imputados
En esta enrevesada historia llena de tecnicismos también se han visto involucradas otras tres personas. Una de ellas, la madre del empresario Manuel García Gallardo, quien ha asistido únicamente a la vista a la que se le ha tomado declaración, a lo que tiene derecho. Su testimonio no ha aportado mucho más al caso ya que como ella misma le aseguró al tribunal «no sabía nada» y que se limitaba a firmar «lo que le ponían». Muy emocionada rompiendo a llorar explicaba que siempre se había dedicado a trabajar en el ultramarinos de la familia y que fue su hijo quien se quedó luego con el negocio y gestó la ampliación de la empresa. La Fiscalía pide para ellas catorce años de prisión.
Otro de los acusados es Víctor Ocaña, el que era director de la sucursal bancaria de San Fernando donde acudía García Gallardo. Está acusado de un delito de falsedad documental y la fiscal solicita para él seis años de prisión. Según el Ministerio Público expidió unos certificados para justificar que el empresario había hecho el desembolso por sus acciones cuando realmente no lo hacía. Ante el tribunal Ocaña dijo que era otro de sus compañeros el que atendía al fundador de Quality Food y que él solo firmaba los certificados que le pasaba este compañero confiando en su profesionalidad.
Por último, Rafael Borrego, quien, según la acusación, aparece como administrador de varias de las empresas relacionadas con Quality. Se le acusa de ser un testaferro. Borrego, amigo de la facultad de García Gallardo, aseguró en su declaración que él trabajaba en un banco en Baena y que solo estuvo unos meses en la sociedad Operativa de Inmuebles, una de estas compañías vinculadas. Además insistió que todas las operaciones que se ejecutaron se hicieron directamente desde Quality y él no intervino.
