Hostelería
Ciudadanos abre la batalla legal contra el alcalde por la gestión de los chiringuitos
Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo declararán hoy para ratificar la denuncia por presunta prevaricación y malversación por parte del alcalde
La polémica por la gestión de los chiringuitos de las playas de Cádiz acabará en los juzgados. Así se preveía desde hace meses y así se confirmó el pasado junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz admitía a trámite la demanda presentada por los dos representantes del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz contra el alcalde de la ciudad. En su escrito, los ediles apuntaban al regidor gaditano, José María González Santos, por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos tras haberse dado a conocer por parte de la Junta de Andalucía la resolución mediante la cual se reconoce a los empresarios como los titulares de los chiringuitos sin que se haya convocado un concurso público.
La Justicia considera que los hechos denunciados por los ediles presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que se dio luz verde a unas diligencias previas que hoy tendrán como escenario los juzgados de San José.
A las 11 de la mañana de hoy, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo tendrán que ratificar su denuncia y ofrecer las explicaciones en un interrogatorio dirigido por el juez que podría colocar a ‘Kichi’ en una difícil tesitura a las puertas de unas elecciones municipales. Precisamente, será la declaración de estos dos representantes los que abran una batalla legal dirigida a esclarecer no solo la responsabilidad del alcalde en este procedimiento sino también la situación en la que se encuentran los chiringuitos a día de hoy.
En principio, el magistrado también ha reclamado información y los diferentes expedientes relacionados con el asunto tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía para comenzar a desenmarañar un asunto que ha derivado indirectamente en un situación de inseguridad jurídica de los propios negocios, que en la actualidad aún no saben si podrán abrir durante los meses de invierno.
El juez podría colocar al alcalde en una difícil tesitura a las puertas de las elecciones municipales
Una vez tomadas las declaraciones a los denunciantes, el juez tendrá que decidir si archiva la causa o, por el contrario, existen indicios razonables, lo que obligaría al alcalde a declarar ante el juez, así como al resto de los agentes implicados, entre los que estarían tanto los empresarios de los chiringuitos como los técnicos de la administración que participaron en un procedimiento que acabó con la transmisión de la titularidad a los actuales adjudicatarios.
Presuntas irregularidades
«Hemos querido actuar con la prudencia que exigen los asuntos judiciales, ya que no somos partidarios de judicializar la política pero en este asunto hemos visto que tiene la seriedad suficiente como para iniciar esta vía. No nos hemos tirado a la ligera y nos gustaría que se aclararan de una vez las circunstancias que han desarrollado los hechos que hemos denunciado», apuntó el portavoz de Ciudadanos y uno de los denunciantes, Juan Manuel Pérez Dorao. «Cuanto más leo la documentación sobre el asunto más convencido estoy de que aquí se han cometido irregularidades a sabiendas», agregó el también abogado de profesión.
Por un lado, Pérez Dorao realiza dos consideraciones que podrían ser constitutivos de delito y que trasladará el próximo lunes al juez. En este sentido, considera que cuando una administración va a transmitir un bien patrimonial, lo tramita con la redacción de un pliego de condiciones, el mismo sistema que para otro tipo de contratos. Y, por otra parte, el edil defiende que, al contrario de lo que defiende el alcalde, la actuación de José María González Santos no se ha limitado solo a poner en marcha un procedimiento. «Una vez que el Ayuntamiento envió el Decreto a la Junta de Andalucía en el que se incoaba el expediente para la transmisión, la Junta le pidió que subsanase algunos aspectos y hubo varias contestaciones del Consistorio. Es decir, hubo una interlocución porque el Ayuntamiento envía hasta cuatro documentos a la Junta de Andalucía donde se deja clara una intencionalidad de llevar a cabo el procedimiento de transmisión del título concesional a estas personas concretas y no a través de una licitación pública», apostilló.
«Cuanto más leo la documentación, estoy más convencido de que se han cometido irregularidades»
Asimismo, el portavoz de la formación naranja quiere demostrar que el Ayuntamiento permitió esta situación hasta que comenzaron a llegar las denuncias por su parte. De hecho, no fue hasta el mes de febrero de 2018 cuando el Consistorio comienza a manifestar a la Junta su desacuerdo con la resolución sobre la transmisión de la titularidad, decretada en noviembre de 2017.
Por su parte, el alcalde José María González se ha personado en la causa y ha recurrido el auto de incoación, sobre lo que aún no se ha producido respuesta ni por parte del Ministerio Fiscal ni tampoco por parte de la ninguna de las partes. Además, tampoco hay conocimiento a día de hoy de que el Consistorio haya presentado en los juzgados la documentación que se le exige en las diligencias previas adoptadas por el magistrado.
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