El juez investiga si los padres de Nadia intercambiaron fotos porno de la niña

No son «inocentes fotografías» que cualquier padre podría tener de su hijo a edades muy tempranas. Son palabras del juez que instruye el caso Nadia en el auto por el que cita a declarar mañana a Fernando Blanco y Margarita Garau como investigados por los presuntos delitos de provocación sexual y explotación sexual. «Por la edad de la menor, así como por las poses de la niña, de evidente contenido sexual» (entre los que destaca explícitos cruces de piernas y otros más concretos) el juez instructor considera que esas imágenes halladas en una memoria USB (intervenida por los Mossos d’Esquadra en el coche del padre) no tienen cabida en ninguna calificación inocente.

El auto, al que ha tenido acceso ABC, detalla que en diferentes terminales informáticos se habrían encontrado ficheros con imágenes sexuales de dos tipos.

Hay un grupo en las que los padres de Nadia aparecen « manteniendo relaciones sexuales, de forma explícita en la cama». Añade el juez que en el margen izquierdo de algunas de esas fotos se pueden apreciar unos pequeños pies que por edad y tamaño «se podrían corresponder con los de su hija menor» y añade que esos hechos podrían ser constitutivos de un delito de exhibicionismo o provocación sexual. Aunque no lo concreta, al incluir a ambos progenitores lo lógico es que mañana impute dicho delito a Fernando (en prisión) y a su esposa (en libertad).

«Sin lugar a dudas»

En un segundo grupo de fotografías, la niña aparece «de forma constante desnuda, posando con un innegable contenido sexual». Según el magistrado, estos hechos podrían constituir un delito de explotación sexual, agravado porque no ha cumplido 16 años. «El autor sería su padre», matiza el auto, dejando a Marga Garau en principio al margen de estos otros hechos.

Pese a esos condicionales, el instructor se muestra mucho más contudente en otros apartados y afirma que en las imágenes visionadas por los investigadores se observa «sin lugar a dudas» a la menor presenciando relaciones íntimas. «La menor, a pesar de la enfermedad padecida, necesariamente debía entender la significación de los actos que sus progenitores realizaban no solo en su presencia, sino en la misma cama en la que ella se hallaba». «No nos encontramos con una mera sospecha»-dice- «sino en la constancia y evidencia de claros indicios».

La resolución judicial hace hincapié en que los terminales informáticos intervenidos si bien fueron encontrados en distintos registros (los de las imágenes sexuales en el Ford Mondeo en el que supuestamente Blanco pretendía huir), luego los padres prestaron « voluntariamente» su consentimiento para que todos los dispositivos fueran inspeccionados por los investigadores. Este permiso o autorización expreso indicaría que a los progenitores no les preocupaba que se conociera el contenido de esos dispositivos, si bien Fernando Blanco los llevaba consigo en el coche lo que podría interpretarse como un intento de deshacerse de ellos.

Páginas pedófilas

Basándose en esta premisa o no, lo cierto es que el magistrado no descarta que algunos ficheros puedan haber sido borrados por lo que señala que «al poder haber sido borrados más ficheros como los descritos, solo un minucioso estudio de los dispositivos informáticos permitiría la obtención de información».

En el auto en el que cita a declarar a los padres por los nuevos hechos -Margarita Garau deberá trasladarse desde Mallorca donde vive ahora con su madre aunque ha dicho que no tiene dinero para viajar hasta Lérida-, el juez autoriza el registro de todos los dispositivos informáticos intervenidos. La diligencia se la encarga a la Unidad Central de Informática Forense de los Mossos d’Esquadra, con una indicación muy concreta: «localizar cualquier tipo de archivo de carácter sexual en el que haya presencia de menores de edad, esté borrado o no, y determinar si los archivos localizados han sido compartidos y/o distribuidos con otros usuarios».

El instructor manifiesta de esta forma sus sospechas de que el matrimonio haya podido cometer un delito de elaboración y tenencia de pornografía infantil e incluso de distribución. Pero no se queda ahí, sino que además ordena identificar cualquier indicio o rastro digital de consultas a páginas de contenido pedófilo o similar.

Los terminales que deben analizar los investigadores son numerosos: 13 pendrives, siete tarjetas de memoria, tres discos duros, tres portátiles, dos de ellos MacBook, dos teléfonos iPhone y un iPad. Precisamente los Mossos en su atestado inicial destacaban los cuantiosos gastos de Fernando Blanco en productos informáticos, adquiridos con dinero procedente de las donaciones para la enfermedad de la niña.

El juez argumenta la gravedad del hecho investigado, castigado con penas de hasta nueve años de prisión, para ordenar el análisis forense de todos esos dispositivos. «Nos enfrentamos -dice- a un delito de provocación sexual y explotación sexual de una menor por lo que se podrá obtener información trascendental».

Por otra parte, la Audiencia de Lérida avaló ayer la decisión del juez de La Seo de Urgel de enviar el padre a prisión, el pasado 9 de diciembre. En su escrito, fechado el pasado lunes, antes del hallazgo de las fotos con contenido sexual, la audiencia provincial considera que concurren todos los supuestos para justificar la prisión provisional del padre, especialmente el riesgo de fuga, pero también la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva.

De hecho, la sala advierte especialmente del riesgo de fuga, ya que considera que el padre no tiene un arraigo «fuerte» que garantice que no huiría, porque no solo planeó supuestamente su huida (a Francia) cuando se supo perseguido por la justicia, sino que el riesgo puede «incrementarse» con la «gravedad» de las penas con que se sanciona el delito de estafa grave.