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Paradigma Barberá Isabel San Sebastián

La utilización del Senado y la Justicia para fines espurios es una forma de corrupción peor que la económica

El caso de la exalcaldesa valenciana, en el que la veterana dirigente del PP desempeña al mismo tiempo el papel de villana y el de víctima, muestra los rincones oscuros de nuestro escenario político. En él confluyen prácticamente todas las corrupciones que emponzoñan la vida pública española, hasta el punto de convertirlo en paradigma del mal que aflige a esta democracia cuarentona, prematuramente envejecida por las vejaciones constantes de los encargados de cuidarla.

Rita Barberá, histórica dirigente de la formación de la gaviota, a la que procuró incontables victorias, está siendo investigada por un presunto delito de blanqueo. Un lavado de dinero procedente de donaciones clandestinas a cambio de favores, que la Guardia Civil y la Fiscalía cifran, hasta la fecha, en la «astronómica» cantidad de mil euros. No estamos por tanto ante una cuestión de huevo (esos mil euros comparados con los que se barajan en las causas que afectan a los Pujol, la Junta de Andalucía o la Púnica son cacahuetes), sino de fuero. Se trata de dilucidar si la regidora y sus concejales, imputados en el mismo expediente, aunque en una instancia distinta, se prestaron a colaborar en la financiación ilegal de su partido por el método conocido como «pitufeo», consistente en recibir billetes sucios y aflorarlos mediante ingresos bancarios. Nadie cree que Barberá haya robado para sí misma. Cualquiera que la conozca descarta esta hipótesis por inverosímil. Sí existen sólidas evidencias que apuntan a su participación en esta práctica miserable y cutre, aunque efectiva. Resumiendo: de haber cometido el delito del que se le acusa, no lo habría hecho en beneficio propio ni por propia iniciativa, sino con el propósito de pagar campañas electorales y otros gastos de su organización, perfectamente consciente de lo que se cocía en esos bajos fondos. Y es que la financiación inconfesable de un tren de vida que supera con creces el que, de modo transparente y limpio, podrían permitirse nuestros partidos es una de las mayores fuentes de corrupción que alimentan la cloaca patria. No es la única.

Rita Barberá ha tardado en ser formalmente encausada porque se encuentra a cubierto en un confortable sillón del Senado, cámara convertida en búnker de políticos amenazados por el brazo de la Justicia ordinaria. Por allí pasaron también recientemente los socialistas Chaves y Griñán, reacios a enfrentarse a la juez Alaya, y allí se ha atrincherado la exalcaldesa, al amparo de un privilegio denominado fuero. No es posible saber si se resguarda bajo ese techo con el beneplácito de Mariano Rajoy o contra su criterio, aunque desde luego fue preciso su concurso para que hallara refugio allí. Y es que la instrumentalización política de las instituciones, su utilización espuria para fines totalmente distintos de los que deberían servir, es otra forma de corrupción más peligrosa, si cabe, que la anterior. Una corrupción que de forma más o menos palmaria alcanza a los organismos reguladores, la Agencia Tributaria, ciertos servicios de información y por supuesto la Justicia, politizada hasta los tuétanos.

La causa de Barberá está siendo instruida en el Supremo por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en época de Zapatero, célebre por haber instado a sus colegas a «mancharse la toga con el polvo» de la negociación entre el Gobierno y ETA. Un juez de ida y vuelta a la política, como tantos otros. Y pese a las simpatías declaradas del instructor, pese a su marcada presunción de parcialidad, la senadora del PP prefiere que la juzgue el Supremo antes que el juez natural. ¿Sabrá ella algo que los demás sospechamos respecto de esa justicia supuestamente igual para todos?

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