El futuro laboral de un centenar de funcionarios de Cádiz, pendiente de la privatización de los registros civiles

A partir del próximo 14 de julio, en pleno verano, los registros civiles pasarán a estar gestionados por registrados mercantiles y de la propiedad. Los funcionarios que trabajan en ellos deberán ser recolocados en otros destinos. Ése será el futuro de aquellos que tienen plaza, porque la situación de los interinos, está en el aire.

La salida de los empleados públicos de los registros será una de las consecuencias, la más inminente, tras la privatización de este servicio, y de la que vienen alertando los sindicatos. CCOO ha emprendido una recogida de firmas a contrareloj que avale una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantee el rechazo a la reforma en el Congreso. Necesitan 500.000 rúbricas y solo en la provincia de Cádiz ya llevan 3.000 en apenas una semana.

Los ciudadanos que acuden estos días a los registros se encuentran las mesas con las hojas de firmas. Y este jueves ya se ha anunciado una nueva concentración a las 12.00 horas en los bajos del Estadio Carranza, donde se encuentra el Registro de Cádiz.

El impacto de esta reforma en Cádiz se mide con el centenar de trabajadores públicos que deberán dejar su puesto en los 14 registros civiles y en los 14 juzgados de paz que tienen asumidas esas competencias en los municipios más pequeños.

"La destrucción de empleo es innegable. Los interinos que no tienen plaza no podrán ser reubicados y habrá funcionarios que desplacen interinos porque tendrán que ocupar sus puestos. El recorte es evidente", señala Javier Fernández, responsable del sector de Justicia en CCOO.

¿Un registro de pago?

Pero además del impacto en los trabajadores, desde los sindicatos advierten que el ciudadano también se verá afectado al tener que pagar por unos servicios que antes eran gratuitos. Algo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, niega en cada ocasión que se le pregunta.

El acto más habitual que se realiza en los registros son las inscripciones de nacimientos y defunciones. Es el único servicio que en CCOO no temen que pase a ser de pago. "Sería una auténtica barbaridad que se cobrara por eso", señala Javier Fernández.

Los funcionarios creen que los bolsillos de los contribuyentes lo notarán con otros actos como los certificados de vecindad o a través de la incorporación de nuevos aranceles. La lógica que aplican es aplastante: Los registradores civiles y mercantiles trabajan en pymes y tributan como autónomos. Mantener la gratuidad en los trámites como ocurre hasta ahora en los registros no es viable como negocio.

La secretaria general de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, enmarca esta medida dentro del afán privatizador del PP, que pondrá en peligro 5.000 empleos ligados a la actividad del Registro Civil en todo el país; un servicio que, a su juicio, dejará de ser gratuito, público y cercano a la ciudadanía. "No se puede hacer caja de lo público perjudicando a la ciudadanía".