El exconsejero socialista estrecha la mano de la exalcaldesa de Sanlúcar, Irene García
El exconsejero socialista estrecha la mano de la exalcaldesa de Sanlúcar, Irene García - LA VOZ
cursos de formación

El 90% de las empresas investigadas por el fraude están en Jerez y Sanlúcar

Los agentes de la Policía que dirigen las pesquisas consideran «esencial» que seanlas ciudades de nacimiento y residencia del exconsejero socialista imputado, Ángel Ojeda

JOSÉ LANDI
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La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía cierra el cerco alrededor del exconsejero socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía, el jerezano Ángel Ojeda Avilés. El análisis de las gestiones y actuaciones realizadas por empresas ligadas a los casos 'Edu' y 'Óscar' en la provincia de Cádiz se centra en 23 firmas. De ellas, el 80% presentan irregularidades en la organización de cursos de formación a desempleados.

La mayoría de esas presuntas anomalías se centran en que obtuvieron subvenciones de la Unión Europea, con autorización de la Junta de Andalucía, pese a no cumplir los requisitos establecidos. Es decir, o bien no ofrecieron formación alguna o fue irregular o no cumplieron con la obligación de contratar, a media jornada como mínimo, al 60% de los cursillistas.

En resumen, se quedaron con el dinero sin cumplir con su parte del trato. Entre las características de estas 23 empresas, la UDEF resalta un vínculo geográfico. El 90% de las investigadas que presentan irregularidades tienen o tenían su sede en Sanlúcar de Barrameda y Jerez.

Esta circunstancia podría ser casual de no ser por el hecho de que Ángel Ojeda Avilés –exconsejero de Hacienda imputado por cuatro delitos y considerado el presunto autor de una trama para la obtención de hasta 50 millones de euros en ayudas para la realización de falsos cursos de formación a parados– tiene un vínculo con ambas localidades. Concretamente, Ojeda es nacido en Jerez y residente en Sanlúcar.

Los agentes de la UDEF tratan de comprobar si el exconsejero socialista compartió información con parientes

Este hecho hace pensar a la UDEF que Ojeda, además de preparar el marco jurídico para la obtención de estas ayudas, pudo compartir con familiares, amigos y conocidos algunas claves para acceder a estos programas de ayuda.

De esta forma se explicaría que empresas diminutas como tiendas de mascotas, de telefonía o peluquerías, con apenas dos empleados a su cargo, accedieran a cantidades de hasta 100.000 euros para realizar cursos de formación.

Las sospechas de la Policía se centran en que negocios de autónomos, con uno y dos trabajadores, pudieran tener conocimiento de este tipo de programas, además de acceder a los datos necesarios para inscribirse en programas de cierta complejidad burocrática.

En suma, los responsables de la UDEF tratan de recabar pruebas que demuestren que Ojeda Avilés compartió parte de la presunta información privilegiada que, como exconsejero del Gobierno de la Junta de Andalucía, tenía a la hora de acceder a estas subvenciones.

20 de 23 empresas

Según la información hecha pública por el Partido Popular gaditano, y corroborada por el Cuerpo Nacional de Policía, tres de las empresas investigadas en la provincia de Cádiz son Quiferzam, Explotaciones Agrícolas Plantasur y Delta Asesores.

Además de esas, hay otras 20 en la provincia dentro de la investigación por el entramado en las operaciones 'Óscar' y 'Edu' que la Policía Nacional puso en marcha por la posible estafa multimillonaria en la realización de cursillos de formación ficticios a parados.

Todos los nombres investigados aparecen en la página 48 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 14 de enero de 2011. De las 23, hasta 21 tienen o tenían sede en los términos municipales de Jerez o Sanlúcar de Barrameda. Las subvenciones que recibieron las compañías, asociaciones o instituciones en sólo un año (2010) suman 2.384.184 euros. En todos los casos están firmadas por el entonces delegado provincial de Empleo, Juan Bouza Mera.

Entre esos 23 casos gaditanos en investigación, la subvención más alta fue de 211.500 euros y la más baja de 18.375 euros. El hecho de estar bajo investigación no presupone que la totalidad de las 23 empresas presente irregularidades. Eso sí, las anomalías afectan, en distinto grado, a ocho de cada diez firmas escrutadas. Estas 23 empresas han sido las primeras de una investigación en profundidad abarcará meses, ya que el volumen de ayudas bajo sospecha concedidas por la Junta desde 2007 hasta 2011 es vastísimo, incluye a miles de empresas en miles de expedientes.

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