Sanidad reconoce que la universalidad sanitaria ya es una realidad en los servicios de salud autonómicos
El documento que hoy discute con las comunidades argumenta «compromisos mundiales» para atender en el Estado español a todas las personas
«El objetivo del Gobierno es devolver el derecho a la protección de la salud a todas las personas en el Estado español, garantizando la igualdad efectiva de acceso al Sistema Nacional de Salud». Con esta declaración de intenciones, comienza el documento de trabajo que las comunidades autónomas están negociando con el Ministerio de Sanidad para abolir la reforma sanitaria de 2012 del Partido Popular. Pero en el mismo documento, Sanidad reconoce que el derecho de la salud de los «inmigrantes sin papeles» o colectivos excluidos es ya «una realidad en los servicios de salud autonómicos» quienes ejercen el dispositivo de asistencia sanitaria. Por lo que, en la práctica, la universalización cambiaría poco la atención sanitaria que ya están recibiendo .
Se trata más de resolver una «situación de inseguridad jurídica» , más que un cambio en la forma de dar atención sanitaria a todo el que la ha necesitado.
En este informe previo, al que ha tenido acceso ABC, aún no se dan detalles de cómo el Gobierno quiere evitar el «efecto llamada» al proporcionar una tarjeta sanitaria para todas las personas que lleguen o estén de forma temporal en España. O evitar abusos de «turismo sanitario» que intentó corregir el anterior Ejecutivo con su reforma. Tampoco se aborda el coste de eliminar el copago farmacéutico que ahora pagan los pensionistas, otra de las medidas anunciadas por Montón y que también estaba incluido en la reforma sanitaria del PP.
Reclamación global
Sanidad argumenta «compromisos mundiales» , «requerimientos europeos», de Naciones Unidas y de casi una decena de leyes nacionales para derogar la reforma sanitaria de 2012.
Asimismo, recuerda un informe del Defensor del Pueblo de 2017 en el que se recuerdan «situaciones problemáticas por falta de cobertura» de extranjeros sin residencia, aunque también se asegura que en 2017 «no se han planteado quejas ni cuestiones novedosas respecto a este concreto problema». Y pone sobre la mesa las reivindicaciones de la sociedad civil, de sociedades científicas y partidos políticos para recuperar el derecho de la asistencia universal de todas las personas que vivan en el Estado español.
«Inconstitucional»
En su justificación, también asegura el Gobierno que es «una exigencia constitucional» garantizar el acceso al sistema nacional de salud. Aunque no recuerda que el Tribunal Constitucional falló que la reforma sanitaria del PP se ajustaba a los derechos reconocidos en la Carta Magna.
Un decreto anulado con otro decreto
El Ministerio de Sanidad ha convocado este miércoles a la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se aborda la universalidad de la sanidad como único punto del orden del día. Esta convocatoria es el primer paso para iniciar un proceso dialogado con las comunidades autónomas y la sociedad civil para recuperar la universalidad en el SNS, tal y como acordó el Consejo de Ministros.
De forma paralela a esta reunión también se celebrarán encuentros con los agentes sociales, entidades de la sociedad civil , movimiento asociativo y sociedades científicas y profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud, como parte del proceso dialogado destinado a devolver la cobertura sanitaria normalizada a todas las personas que residen en España.
La culminación de este proceso será la tramitación de un real decreto ley que anulará el decreto de 2012 aprobado por el anterior equipo de Gobierno. Un decreto eliminará otro decreto.
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