El PSOE no respeta la crisis del Covid-19 en su intento de aprobar cuanto antes la «Ley Celaá»

Ni en la actual situación de paralización casi plena de la actividad económica y social, con las familias confinadas en sus casas, baja el PSOE el pie del acelerador en su intento de aprobar su proyecto de ley educativo, más conocido como « Ley Celaá », en el menor tiempo posible .

Tras el breve lapso de suspensión parlamentaria, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha fijado para este viernes la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley educativo. El primer plazo se había fijado para el 31 de marzo y fue pospuesto por el cierre del Congreso . Por cortesía parlamentaria, como ley no escrita, cuando un grupo solicita una prórroga al plazo de enmiendas, se suele conceder hasta tres veces . O al menos, esa era la práctica hasta ahora. El Grupo parlamentario Popular y también Ciudadanos solicitó dicha deferencia y el PSOE se negó: «Nos han rechazado la primera solicitud», explican fuentes del PP a este periódico.

Por lo tanto, se mantendrá el plazo de mañana como tope para el registro de enmiendas a la totalidad, lo que supone un nuevo golpe a la hipotética posibilidad de un mínimo consenso en aspectos básicos abordados por la «Ley Celaá». « El Congreso no puede estar suspendido, pero sí puede haber prórrogas, y con una ley tan importante como esta a nadie le cabe en la cabeza y, además dentro de un estado de alarma, que se comience la reforma educativa del gobierno socialista ; quieren meter la ley con calzador», lamentan las mismas fuentes. «Con la crisis que hay en la educación, que va a generar unas desigualdades terribles entre niños, es un absoluto sinsentido que Celaá quiera imponer una ley sectaria», apunta Marta Martín , portavoz de Educación de Cs.

La previsible presentación de una enmienda a la totalidad por parte del PP podría llevar aparejada la defensa de un texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno. Dicho texto sería debatido en Pleno del Congreso en una fecha aún por determinar . También está fijado el plazo tope para presentar enmiendas parciales al articulado: el 29 de abril: tan solo cinco días después del plazo para las enmiendas a la totalidad. Esta premura de tiempos demuestra, una vez más, la obsesión del Gobierno por aprobar su reforma educativa, que ataca a la libertad de elección de centro y a la Religión, y relaja las formas de acceder a títulos como el de Bachillerato. Por otro lado, no están aseguradas las comparecencias de expertos en la materia, en este caso, educativa. Cuando se trata de leyes de esta envergadura y durante las enmiendas al articulado, suelen comparecer en el Congreso expertos que «ayudan» a los grupos parlamentarios a tomar ideas que pueden plasmar en sus propuestas.

El PSOE ya manifestó en alguna ocasión que quiere omitir esta fase, «porque el proyecto de ley ya recoge algunas medidas planteadas por expertos en la Subcomisión por el Pacto Educativo», activa hasta marzo de 2018. La obsesión por aprobar cuanto antes una ley sin consenso no encaja con la propuesta de diálogo planteada por Sánchez a la oposición , para reeditar los Pactos de La Moncloa, en el orden económico y social y en el que habría que añadir un Pacto Educativo. Fuentes consultadas por ABC creen que las prisas del Gobierno pueden deberse al deseo de evitar la reacción social (no hay manifestaciones posibles), a evitar el riesgo de un adelanto electoral (como sucedió en 2019) o a la intención de implantar parte de la ley en septiembre (en aquellas medidas que no necesiten desarrollo reglamentario; por ejemplo, incluir un un representante municipal en los consejos escolares de todos los centros).