El paro de los examinadores de tráfico crea un tapón «colosal» de alumnos

Resuelto el asunto de la estiba, el mayor conflicto laboral que el Gobierno tiene sobre la mesa en estos momentos es el de los examinadores de tráfico, cuya huelga está abocando al cierre de autoescuelas, dañadas por la sangría de pérdidas económicas que están asumiendo, y a miles de personas, sobre todo jóvenes, a quedarse sin sus licencias de conducir. Al menos, durante todo el verano. La parálisis es tal en el sector y el problema está tan enquistado que la huelga se antoja salvaje, con la amenaza del colectivo examinador de hacerla indefinida a partir del próximo 4 de septiembre. ¿Fecha para que termine el paro?«Sine die».

Joaquín Murillo es el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), que representa a la mayoría de los 751 evaluadores que hay ahora mismo en España.

Responde a ABC que en las dos últimas reuniones que el Comité de Huelga ha tenido con el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, les «han engañado y manipulado a la opinión pública con el dato de que se creaban 505 plazas de examinadores, cuando la mayoría de ellas, 435, son de promoción interna». Las 70 restantes son plazas de acceso libre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de julio.

El colectivo al que pone voz Murillo ha decidido convocar huelga indefinida y concentrarse en las puertas de la DGT el 25 de julio. La protesta se remonta tres años atrás y desconvocarla pasa por una única petición, recuerda Murillo: la subida salarial a través de un complemento específico de 240 brutos mensuales por examinador. El sueldo promedio de un examinador es de 1.200 euros netos al mes (si pertenece al subgrupo C2) y percibe cien euros más al mes en caso de pertenecer al subgrupo C1, según Asextra.

La respuesta de Tráfico, a este respecto, se mantiene inamovible desde que el pasado 2 de junio Asextra anunciase que pararía todos los lunes, martes y miércoles hasta el mes de agosto: el dinero de esa partida salarial que reclama no depende de ellos, sino del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El departamento que dirige Serrano no da su brazo a torcer, reprochan en Asextra, puesto que la respuesta dada por el propio Serrano tras la última reunión, el pasado día 4 de julio, es que «no es posible una subida salarial unilateral porque esta modificación no se puede efectuar en exclusiva y al margen de otros colectivos, ya que supondría un agravio comparativo» con el resto de personal, tanto de la DGT como del resto de la Administración General del Estado.

Bloqueo a la formación

Mientras las posiciones de Asextra y Tráfico discurren paralelas y parece, por el momento, que no van a encontrarse, el enfrentamiento está dejando en la cuneta a miles de afectados. Muchos de ellos llegan a las convocatorias de exámenes y se encuentran con que no hay prueba, ni examinador. Han pagado las tasas del ejercicio práctico, pierden la convocatoria, que corre, y no saben en qué plazo de tiempo se examinarán, con el consecuente perjuicio. Otros alumnos, a sabiendas de que el 80% de los examinadores están secundando los paros, ni se presentan por falta de tiempo, y en ese caso, les están repercutiendo el pago de las tasas si el examinador sí se presenta.

José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), no oculta su enfado: «Muchas autoescuelas están abocadas a la quiebra. Un total de 38 ya han cerrado en este tiempo de huelga y por cada día que pasa, cerrarán más». «Muchos alumnos están paralizando su formación cuando ya estaban preparados para ser evaluados, porque por necesidad económica no pueden dar más clases. Otros las retoman unos días antes de que les llegue la convocatoria de examen», espaciándolas demasiado y en detrimento también de su correcta formación, comenta Báez. De prolongarse hasta octubre, el drama alcanzará una envergadura monumental. En concreto, según estima la patronal que agrupa a la mayoría de las 9.300 autoescuelas que hay en el país, «el Gobierno está abandonando a su suerte» a 150.000 aspirantes a conductores y a 30.000 familias (entre 18.000 profesores y más de 10.000 empleados en las autoescuelas) que viven de la formación vial en este país. Asextra calcula, por su lado, que «el nivel de afección es de 6.500 alumnos diarios como media a nivel nacional, que ven suspendidos o postergados sus exámenes». Tráfico asegura que son 31.000 pruebas en total.

Por su parte, el presidente de CNAE habla de que «las autoescuelas no pueden pagar a los profesores que tienen en los centros. La situación es grave. Y la Administración obra de manera poco ortodoxa, en mi opinión, porque tendría que haber activado ya unos servicios mínimos». CNAEavisa de que una plataforma de abogados articulará las primeras demandas de los afectados.

Además, Asextra critica la «inacción» de los responsables de la DGT y sigue reuniéndose con diputados a fin de que puedan forzar con su intervención un desbloqueo de la situación. Para Murillo, Tráfico ha ofrecido una «zanahoria» al anunciar una nueva «especialidad» para examinadores, aunque la promesa era la de crear una escala propia. El objetivo de la huelga no es ése, sino «el complemento específico», reitera el presidente de los examinadores. El anuncio de que habría militares de tropa a los que ofrecerían la posibilidad de reciclarse como examinadores también es un «globo sonda», critica Murillo.

La DGT precisa que la nueva especialidad de tráfico aprobada por el Consejo de Ministros en el marco de la oferta pública de empleo no supondrá «ningún cambio ni perjuicio» a los funcionarios de las clases pasivas. En un comunicado aseguró que el proceso para cubrir 435 plazas de promoción interna terminará antes de que acabe 2017 y que están «destinadas exclusivamente» a cubrir puestos de examinadores.