Los otros «algarrobicos»

Desgraciadamente, en España hay otros «algarrobicos». Durante décadas el ladrillo se cebó con muchas zonas de nuestra costa, aunque también del interior, ocupando parajes que son verdaderas joyas naturales. Hay lugares que ya son irrecuperables porque no se limitó a una actuación sino a ciudades o urbanizaciones enteras. El máximo exponente de ese desenfreno es la Manga del mar Menor, aunque los desmanes urbanísticos costeros han sido el santo y seña en los años del desarrollismo de los 60 y 70 y también durante la llamada burbuja urbanística de los 90 y 2000.

En Canarias hay muchos ejemplos también -como los dos hoteles que se levantan en las dunas de Corralejo (Fuerteventura)- aunque algunos han quedado ahora en el limbo por los cambios que introdujo la reforma en 2013 de la Ley de Costas, según denuncia la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Hotel Atlanterra, derribado en 2002

Lo menos común es que estas grandes obras -no así otras ocupaciones costeras de infraviviendas- acaben demolidas, como antes o después debería suceder con el hotel El Algarrobico, tras el fallo del Tribunal Supremo que establece que se construyó en un espacio protegido. Aunque hay algunos ejemplos paradigmáticos. La voladura controlada del Gran Hotel de Atlanterra, un edificio de nueve plantas a medio construir que nunca llegó a entrar en funcionamiento en Zahara de los Atunes (Cádiz), en el año 2002, parecía que podía ser el principio del fin de la ocupación costera.

El entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, fue el encargado de accionar el mecanismo de detonación, que acabó con una infraestructura construida a principios de los años 70 por una empresa alemana. Pero quien pagó fue el Estado español, primero indemnizando con 342 millones de pesetas (algo más de 2 millones de euros) a la empresa que posteriormente había comprado el solar, y después los 1,6 millones de euros de la demolición. Pero no se aprendió la lección. Solo un año después, en enero de 2003, se aprobaba la licencia y empezaba la contrucción en la playa de Carboneras (Almería) del ahora hotel sentenciado a desaparecer, El Algarrobico.

El Club MED en Cabo de Creus

Entre los que sucumbieron a la ley está también el Club Mediterranée, conocido también como Club MED, inaugurado en junio de 1962 en una zona conocida como el Pla de Tudela, en el Cabo de Creus. En este caso los promotores eran franceses y nació como un «pueblo de vacaciones» que pretendía combinar vida natural, actividades lúdicas y deporte, un modelo que había tenido éxito en Francia pero que supuso un enorme impacto en un entorno natural privilegiado. El complejo funcionó durante más de 40 años.

Primero la ley que protegía el Cabo de Creus, aprobada en 1998, que amenazaba con derribar parte de sus instalaciones, y después los nuevos tiempos a los que la empresa no supo adaptarse, llevaron a su cierre en el año 2004. En 2005 el Ministerio de Medio Ambiente compró los terrenos por un importe de 4,4 millones de euros y la demolición se realizó en diferentes fases, siendo su coste de otros 7 millones de euros.

Marina Isla de Valdecañas

El último de estos grandes proyectos cuya continuidad pende de un hilo es el complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas, situado en el Embalse de Valdecañas (Cáceres), enmarcado por las Sierras de Gredos y de Las Villuercas. Un espacio protegido, bello y codiciado, que fue recalificado en 2007 por la Junta de Extremadura, que lo declaró Proyecto de Interés Regional, para poder albergar este complejo de chalés, hoteles, amarres deportivos y campos de golf, hoy en funcionamiento.

Tras una ardua batalla judicial, promovida por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex, el Tribunal Supremo falló en 2014 que el complejo turístico era ilegal y que los terrenos protegidos donde se levantó debían ser repuestos, ratificando así una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, en marzo el TSJ extremeño paralizó la demolición después de que la Junta pidiera un informe pericial independiente para determinar el verdadero grado de impacto ambiental de la urbanización. Se estima que la demolición puede costar unos 34 millones de euros. La última palabra la tiene la justicia.