Otro curso paralizado y con una ley educativa en el limbo

Josefina G. Stegmann

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09/09/2019 a las 01:10h.

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Hace más de un año, un 11 de julio, la ministra de Educación ahora en funciones, Isabel Celaá , compareció en el Congreso y dejó muy claras las pretensiones del Gobierno en materia educativa: un nuevo proyecto de ley, la Lomloe (más conocida como «ley Celaá») que modifica la LOE, aprobada por los socialistas en 2006, y reemplaza a la Lomce, impulsada por el PP y también conocida por el nombre del entonces ministro de Educación, Wert. El nuevo texto fue aprobado in extremis por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que Pedro Sánchez anunciaba las elecciones, pero la disolución de las Cortes lo dejaba en el limbo.

Un curso entero ha pasado desde entonces y ahora, a las puertas del próximo, la situación es exactamente la misma. Tras las elecciones y la falta de acuerdo para que se forme Gobierno , la ley sigue sin ponerse en marcha y, en consecuencia, paralizadas todas las medidas previstas, criticadas sobre todo por la concertada, a la que se le da un papel complementario y subsidiario frente a la pública, ya que le quita peso a la asignatura de Religión y le da el poder a comunidades como Cataluña para aplicar las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» del castellano en las aulas catalanas.

El PSOE, por su parte, en su programa común progresista con 370 propuestas presentado el pasado martes, alude a la creación de una nueva Ley Básica de Educación. Fuentes de Educación consultadas por ABC confirmaron que el partido se refiere a la propia «ley Celaá», aunque reconoce que al esperarse un nuevo gobierno « se tendrá que iniciar el proceso de vuelta , contando con las aportaciones de los órganos consultivos y, posteriormente, pasará al Consejo de Ministros y finalmente al Congreso». Por su parte, Mari Luz Martínez Seijo, secretaria general de Educación y Universidades del PSOE, confirmó también a ABC que si bien con la ley Celaá «hay un trabajo hecho», «se abre una nueva legislatura, habrá acuerdos con otras fuerzas y estamos abiertos a incorporar cosas, los cambios irán a mayores», sentenció. Aparte del contenido de la Ley Celaá, ABC repasa las principales novedades para el próximo curso.

La concertada ha encontrado cobijo en comunidades como Madrid o Andalucía y también en la Justicia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prometió en su programa electoral extender el concierto al Bachillerato . «La intención es apoyar la libertad educativa de las familias madrileñas. No queremos que un alumno que ha estudiado Primaria y Secundaria en un centro concertado tenga que abandonar ese modelo de educación en su paso a Bachillerato porque no tiene recursos», declaró a ABC el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. Si bien Ossorio no ha adelantado a cuántos alumnos beneficiará, sí concretó que en la Comunidad de Madrid habrá más de 105.000 alumnos en la etapa de Bachillerato, de los que cerca de 35.000 estudian en centros privados.

Este método ya existe en cinco comunidades: País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia . Además, en Madrid también se pondrán en marcha este curso becas para familias con renta baja que les permitan pagar la cuota por enseñanza de Bachillerato en centros privados con concierto en niveles inferiores. Las becas de este tipo existen en La Rioja desde hace 4 años. Respecto a Andalucía, también estaba prevista su puesta en marcha, según ha podido saber ABC, pero pese a la complejidad que ha supuesto el cambio de Gobierno y la falta de presupuesto, se ha dejado la propuesta en estudio. El concierto en Bachillerato fue duramente criticado por los sindicatos (ANPE, CC.OO., UGT, CSIF…) que, de hecho, presentaron un recurso en Murcia contra un orden de la Consejería de Educación que establece el régimen de concierto educativo en Bachillerato y Formación Profesional. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia lo desestimó al entender que el procedimiento «no es contrario a la Ley ni a la Constitución», señala la sentencia del pasado mes de agosto. El concierto, de hecho, no es una novedad en España ya que desde la LODE (1985) existen determinados centros privados concertados (las antiguas Secciones Filiales de Instituto), ubicados en zonas especialmente desfavorecidas.

El papel de la asignatura de Religión cambia radicalmente en la nueva ley del Gobierno. En primer lugar, se la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger entre un grupo en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación y decisión sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. El sector de la concertada entiende este cambio legislativo como un mecanismo para «devaluar» la Religión. «La regulación de la asignatura se haría, de esta manera, a través de un Real Decreto», opina Luis Centeno, secretario general adjunto de EC.

En el caso de la Comunidad Valenciana, una sentencia del pasado mes de mayo del Tribunal Superior de Justicia obligó a ofertar la asignatura de Religión en el bloque de materias específicas en segundo curso de bachillerato. Por lo tanto, a partir de este curso, habrá religión en 1º y 2º de Bachillerato. En Andalucía, también ha cambiado el panorama este curso. La Lomce establece un mínimo estatal de 45 minutos de Religión en Primaria y otros 45 en Secundaria. Andalucía estableció dicho mínimo, que fue recurrido por los obispos porque querían recuperar las dos sesiones existentes previas a la Lomce. Finalmente, el nuevo gobierno, en lugar de recuperar el horario mínimo previo la «Ley Wert» (90 minutos) ha establecido un esquema nuevo: 60 minutos de 1º a 3º de y 120 de 4º a 6º de Primaria.

En Navarra, se pretende reducir la Religión al mínimo estatal de 45 minutos por semana, pero es una propuesta que se tiene que aprobar por el nuevo Gobierno foral.

Distinta suerte corre la asignatura de Filosofía. La Lomce eliminó la Historia de la Filosofía como asignatura común del Bachillerato, y ahora la ley Celaá recupera (la Lomce mantuvo solo la Filosofía). La vuelta de la Filosofía a las aulas se llegó a pedir incluso en el Congreso. El pasado mes de octubre todos los partidos se pusieron de acuerdo y aprobaron por unanimidad recuperar la asignatura. La propuesta surgió de una Proposición no de Ley de Podemos, que salió adelante con los votos de PSOE, PP y Cs, aunque con algunos cambios introducidos por los partidos, que dieron lugar a un nuevo texto celebrado por todos. Pero los grupos parlamentarios también pidieron que la asignatura de Ética se recuperara para los alumnos de 4º de la ESO, tal como estaba antes de la Lomce. Esto último no se hizo pese a que el PSOE firmó una petición en el Congreso para ello. Mientras que con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores Éticos, tanto en el primer ciclo (1, 2 y 3) como en el segundo (4), la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos) que los alumnos cursarían en alguno de los 4 cursos de forma obligatoria.

Los datos del último informe TALIS, elaborado por la OCDE, pusieron en entredicho la calidad de la formación docente. Este estudio, algo así como el «PISA de los maestros» concluía que, en relación con las materias que imparten los docentes de primaria en nuestro país, el 14% no ha recibido formación en contenido , otro 14% no ha realizado práctica docente y un 15% no ha recibido formación pedagógica, las cifras más altas de todos los países participantes. En el caso de secundaria, los porcentajes son del 9%, 33% y 41%, respectivamente (los dos últimos porcentajes, lo más altos de la OCDE).

Cuando se presentó el informe en el Ministerio de Educación, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, prefirió centrarse en los datos positivos del informe, como el elevado componente vocacional de los profesores españoles, aunque reconoció que no renunciaría a la posibilidad de un MIR Educativo, fórmula propuesta por otros partidos como Ciudadanos o el PP. «El componente práctico de la formación inicial requiere mejora, por lo que no renuncio al MIR educativo», dijo entonces Tiana.

Uno de los artículos más comentados desde que se conoció el anteproyecto de ley es el 109.2, ya que el ataque a la concertada se hizo con él. ¿Cómo? Se eliminó la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». Por el contrario, tanto una idea como otra sí fueron incluidas (y juntas) en el artículo 27 de la Constitución como una forma de reflejar las sensibilidades de los partidos de diferente signo político.

Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes ». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto, alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».

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