Las organizaciones feministas, a Vox: «Negar la violencia de género es como negar el holocausto judío»

Más de un centenar de asociaciones feministas han firmado un manifiesto contra la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, que lleva en su programa Vox y que puso en la mesa inicialmente para ser partido «bisagra» en Andalucía

Yolanda Besteiro y Ana María Pérez del Campo, entre otras, han sido las presidentas de organizaciones feministas que han tomado la palabra durante la rueda de prensa este miércoles EFE
Érika Montañés

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«Negar la violencia de género es como negar el holocausto judío». Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, toma la palabra con rotundidad al inicio de la rueda de prensa convocada en Madrid por decenas de organizaciones feministas. No falta ninguna: están la histórica pionera de la ley del divorcio en España, Ana María Pérez del Campo , y la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, entre otras muchas. Todas niegan la mayor a Vox, el partido que ha colocado sobre la mesa de negociación tras las elecciones andaluzas el debate sobre la ley integral de violencia de género que, para estas mujeres, fue una conquista lograda en 2004. Por eso, señalan, en coro: «Ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres no son negociables».

Eso sí, obvian quienes toman la palabra que PP y Ciudadanos, firmantes ambos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, han apartado finalmente de la negociación este aspecto, pero los colectivos feministas sí reprochan que en algún momento se haya osado a debatir. «El cambio de discurso en el PP ha sido alarmante. Si permite que se negocie es cómplice de Vox», ha objetado con vehemencia Pérez del Campo.

El simple hecho de poner como condición que se usen como «moneda de cambio» los derechos de las mujeres, han dicho las feministas, «debería ser suficiente para no acudir a negociar»: «Si lo permiten, serán tan cómplices y responsables como ellos », ha incidido Besteiro.

«Deberían haberse levantado de la mesa nada más proponerlo Vox, sin dar oportunidad» al debate, reprochan portavoces, como María Ángeles Jaime de Pablo. Por ello, en la rueda de prensa organizada en Madrid (pero que ha tenido sus réplicas en otras ciudades del país) anuncian un calendario de movilizaciones, que incluirá dos grandes concentraciones el próximo 15 de enero frente al Parlamento andaluz, a las 12.00, y a las 19.00 horas, en las distintas provincias.

Las organizaciones feministas del país tampoco descartan, si encuentran argumentos jurídicos para hacerlo, pedir la ilegalización del partido liderado por Santiago Abascal, pero, por el momento, han suscrito que es una vía «que deben explorar y van a explorar». «Hay principios constitucionales que están atacando continuamente» y «suponen un retroceso de 40 años, a la dictadura», ha dicho Pérez del Campo, de manera que podrían encarar una «demanda por injurias y calumnias, pero siempre es una acción muy larga en el tiempo», ha suscrito la jurista de Themis.

«Ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres no se negocian. (...) Anunciamos un largo historial de movilizaciones para decir que no vamos a permitir el retroceso en los derechos de las mujeres» , ha indicado la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Las asociaciones han firmado un manifiesto en que se resalta que ningún partido nacional en Europa ha negociado con los emergentes partidos un retroceso en los derechos de las mujeres, de manera que emplazan a PP y Cs a no hacerlo. Las asociaciones feministas han aseverado que estarán «enfrente» de aquellos partidos políticos que apoyen «las pretensiones e imposiciones de Vox». Las portavoces han ido un paso más allá al pedir el voto responsable a las mujeres y que no apoyen a quienes respalden a partidos como Vox. «Es importante dejar claro que igual responsabilidad que la ultraderecha envalentonada tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones», sellan en el manifiesto.

«La mentira» de la denuncia falsa

«Las mujeres hemos estado secularmente condenadas al silencio. Por eso, no estamos dispuestas a permanecer mudas ante la lluvia diaria de falacias alentada por un partido de ultraderecha recién llegado a la actividad parlamentaria autonómica», recogen en su documento, distribuido entre los medios de comunicación. Entre esas «mentiras» o «cifras manipuladas» incluyen que en torno al 30% de los casos de violencia machista se denuncian, además de 1,2 millones de denuncias presentadas entre 2009 y 2017, solo 96, un 0,01% resultaron no reales, según la Fiscalía General del Estado. Este porcentaje se minimizó al 0,001% en el año 2017, lo que representa 166.260 denuncias en t otal, de las que dos no resultaron acreditadas. Para las organizaciones feministas, esto evidencia blanco sobre negro que cuando Vox apela a la magnitud de las denuncias falsas interpuestas por mujeres contra hombres está engañando a la ciudadanía.

«Quieren crear confusión, noticias falsas y argumentos falaces para desprestigiar los derechos de las mujeres y perpetuar la discriminación», ha afirmado Besteiro.

Las denuncias falsas representaron en 2017 el 0,001% de todas las interpuestas; entre 2009 y 2017, un 0,1%, según la Fiscalía General del Estado

Revertir la ley de 2004 sería para todas las portavoces que han sido preguntadas por ABC, un importantísmo retroceso en la igualdad contra el que se rebelarán. A estas organizaciones se han sumado hoy también todas las tecnólogas, catedráticas, investigadoras y profesoras de todas las universidades públicas del país, en representación de las cuales ha asistido Rosa San Segundo Manuel , su presidenta, así como directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Según San Segundo, todas las mujeres en el ámbito de la Universidad se unen al manifiesto porque no quieren contemplar una pérdida de protección y de derechos de la mujer.

Para Elena Rábade , del Partido Feminista, «no se condena a nadie sin pruebas. Los únicos que tienen que temer a la ley de 2004 son los acosadores, los violadores y los maltratadores», no los ciudadanos (hombres y mujeres) de bien.

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