Más de 48.000 ciudadanos piden al Constitucional la suspensión cautelar de la ley de eutanasia
La petición ciudadana está promovida por el médico especialista en Cuidados Paliativos Ángel José Sastre y difundida por la plataforma Derecho a Vivir
Más de 48.100 ciudadanos han apoyado hasta el momento la petición del médico especialista en cuidados paliativos, Ángel José Sastre, dirigida al Tribunal Constitucional para pedirle la suspensión cautelar de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia aprobada el 18 de marzo en el Congreso de los Diputados. La solicitud difundida a través de la plataforma Derecho a Vivir cuenta además con el respaldo de reconocidos profesionales sanitarios.
Entre ellos, se encuentran Salvador González Barón, catedrático emérito de Fisiología Humana de la Universidad de Málaga; Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe jubilado del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz; Manuel García del Río, profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga; y Álvaro Gándara del Castillo , jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
«Con esta iniciativa -explica el doctor Sastre, primer firmante de esta iniciativa ciudadana- queremos invitar a los ciudadanos a que se sumen a la petición que anteriormente han realizado al Tribunal Constitucional médicos y expertos en bioética. Todos pedimos al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley de eutanasia por medio de un manifiesto, y también apoyados por la campaña de ‘Derecho a Vivir’ que ya hemos firmado miles de facultativos y más de 48.000 ciudadanos».
Este médico paliativista recuerda que la nueva regulación del derecho a morir «ha sido aprobada mediante un procedimiento parlamentario no adecuado, (como proposición de ley) para regularizar la eutanasia por la vía rápida y eludir el profundo debate que requiere este dilema moral». Advierte, además, que la norma «supone una quiebra absoluta del pacto social entre ciudadanos y Estado» , alerta.
En la petición formal al Tribunal Constitucional se recuerda que esta ley es «profundamente injusta», pues crea «una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles» y destacan que es «incompatible» con lo que recoge la Constitución Española (artículo 15) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además , la nota señala que la nueva prestación de ayuda a morir «no respeta el principio de proporcionalidad», ya que «se debería haber legislado previamente sobre la Ley de Cuidados Paliativos». Más aún, «lo recoge como una prestación pública, tomando como ejecutor al médico. Si un facultativo se niega, se pone en la tesitura de denegar un derecho fundamental. Lo que coloca al médico en una situación de franca ilegalidad» , denuncian.
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Rosana Ribera, recuerda que la ley socialista de eutanasia «es una amenaza real para los cerca de nueve millones de personas mayores que hay en España».
El Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) informó esta semana que ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional ante los «aspectos discriminatorios» que presenta la ley de eutanasia. Tanto Vox como PP también están estudiando un recurso ante el TC.
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