«Una maltratada está menos protegida en su trabajo que una embarazada»
Obligan a readmitir a una víctima despedida por asistir a un juicio de violencia de género
Una mujer residente en Palma de Mallorca, E.U.H., ha recibido un espaldarazo de la Justicia que marca un antes y un después para el aluvión de denuncias que interponen mujeres maltratadas por la discriminación que acusan en su trabajo al tener que ausentarse reiteradamente. Según esos casos denunciados, muchas víctimas no encuentran la suficiente comprensión en sus empleos por las numerosas bajas médicas o los desplazamientos a los juzgados que acarrea su situación.
En esta tesitura se habría encontrado precisamente la mujer mallorquina, representada por la letrada Inés C. Ucelay. E.U.H. tuvo que desplazarse desde su trabajo en Madrid a la capital balear para participar como perjudicada en una vista que se dirimía en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por un delito leve de injurias de género. Pocos días después de regresar, el pasado 13 de octubre de 2017, encontró su carta de despido. En ese escrito, la empresa alegó «una disminución en el rendimiento» de su trabajadora. Ahora, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid da la razón a esta mujer y declara nulo ese despido por resultar «discriminatorio por razón de sexo», dice el juez José Pablo Aramendi en su fallo.
El empresario, E.M. SL, debe readmitir a esta víctima de violencia sexista en su trabajo, abonarle el salario devengado e indemnizarla con una cantidad de casi 23.000 euros. Según la sentencia, ha quedado probado por parte de la denunciante que la empresa era conocedora del proceso judicial y las ausencias que supondría.
El fallo explicita que «el agresor no es el empresario ni los episodios de violencia tienen relación con el trabajo, pero sí es responsable de haberla despedido por su condición de víctima». Nada justifica, para el juez, la conducta del empresario, ya que «como ocurre con el embarazo, solo la mujer puede ser víctima de este tipo específico de violencia». La abogadaUcelay reafirma a ABC que el caso abre un debate jurídico, al tiempo que urge una modificación legislativa, porque en la actualidad «una mujer maltratada está menos protegida en el ámbito laboral que una embarazada».
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