Vox insta al Gobierno a incluir la «perspectiva de familia» en toda la legislación
Registra una proposición no de ley para denunciar la «incoherencia legislativa» de incluir «las perspectivas de género y ambientales» en cualquier norma y que la «perspectiva de familia» tenga, en cambio, un tratamiento «menos favorable»
El grupo parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir al Gobierno que incluya la «perspectiva de familia» en toda la normativa procedente del Ejecutivo. La medida ya había sido solicitado por varias organizaciones profamilia como 'Family Watch' o el Foro Español de la Familia, con el objetivo de ayudar a fomentar la natalidad.
Para ello propone la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno con el fin de «incorporar la obligación de que en la elaboración de toda norma se incluya el análisis del impacto sobre la familia en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo (Main)». Además solicita que se garantice que «la obligación de analizar la perspectiva de familia se cumple de manera exhaustiva y eficaz».
Hasta ahora esta medida solo es tenida en cuenta en los anteproyectos de ley o proyectos de reglamentos, según lo que establece la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (LPFN). Según esta norma, las «memorias del análisis de impacto normativa que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia».
Para el grupo parlamentario Vox, de este precepto se «desprende que únicamente rige la obligación de incluir el impacto sobre la familia en aquellas Main que acompañen los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos, no así en los demás supuestos de elaboración de normas provenientes del Gobierno (proyectos de reales decretos-leyes y reales decretos legislativos)».
Por ello, considera que si el objetivo de la LPFN es la protección específica de la familia como «núcleo fundamental de la sociedad», «todas las normas pueden, virtualmente, afectar a dicha institución». Por lo que, según señalan, «carece de sentido restringir el análisis de impacto en la familia a unas determinadas normas provenientes del Gobierno (leyes y reglamentos), y privar de dicho análisis al resto (reales decretos-leyes y reales decretos legislativos)».
Vox considera una «incoherencia legislativa» el hecho de que «las perspectivas económicas, financieras, de género y ambientales deban ser examinadas en las Main de cualquier norma proveniente del Gobierno que esté siendo objeto de elaboración, y que la perspectiva de familia tenga en cambio un tratamiento diferenciado y menos favorable».
«Llama la atención que el legislador reparase en el impacto de género, pero no en el de familia, infancia y adolescencia, igualmente obligatorios, a la hora de codificar el cuestionario que integra la Memoria de análisis de impacto normativo, cuando ha tenido oportunidad de hacerlo. Y lo que es más grave: el análisis de estos impactos no es obligatorio -al menos con rango de ley- en el caso de los decretos legislativos ni decretos-leyes; por lo que actualmente tenemos una irracional codificación en la materia: por un lado, el impacto de género resulta obligado, por ley, en todo tipo de disposiciones de origen gubernamental, incluyendo las normas gubernamentales con rango de ley, decretos-leyes y decretos legislativos, mientras que para los impactos en familia, infancia y adolescencia solo son obligatorios, por ley, para los “anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos”, y no en virtud de la ley del Gobierno, sino en virtud de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y de la Ley de Protección de Familias Numerosas, mientras que no lo son para los decretos-leyes y los decretos legislativos», recuerda Sieira Mucientes, letrada del Congreso de los Diputados.
De hecho Vox cita algunos ejemplos en los que este análisis se incumplió pese a estar regulado en la LPFN. Es el caso de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), aprobada en diciembre de 2020. Siendo una ley que incide de forma significativa en los derechos de las familias, en la el análisis del impacto sobre la familia en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto (Main), que se adjuntó al proyecto de ley solo se incluía una mención del impacto previsto sobre la familia: “una mayor participación de alumnado y familias, como parte integrante de la comunidad educativa, en el gobierno de los centros a través del consejo escolar”».
Por ello, para lograr un mejor cumplimiento de la LPFN y una mayor coherencia interna del ordenamiento, el grupo parlamentario Vox considera que «deben producirse las modificaciones legales oportunas de tal modo que la perspectiva de familia y el impacto en la realidad familiar sean objeto de análisis en la elaboración de cualquier norma que provenga de la iniciativa del Gobierno».
Para facilitar este medida, Vox propone que se «elabore una guía o plantilla que pueda ser utilizada por los diferentes organismos impulsores de las normas en su labor de redacción de las MAIN, con el doble fin de unificar los criterios de medición del impacto en la familia y de asegurar que el análisis que se lleva a cabo es lo más exhaustivo y pertinente posible».
