La Guardia Civil desmantela una red que comercializaba atún de forma ilegal y en mal estado
El pescado llegaba a España, fundamentalmente, de Italia y Malta. La Guardia Civil, bajo la coordinación de Europol, ha intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo
La Guardia Civil ha desmantelado una red que comercializaba en España atún rojo pescado de forma ilegal en Italia y Malta. En algunas ocasiones presentaban irregularidades sanitarias al romperse la cadena de frío y presentar niveles de histamina superiores a los permitidos legalmente .
La operación Tarantelo, liderada por la Guardia Civil y coordinada por Europol empezó en el primer semestre de 2017 y se ha saldado con la detención de 79 personas además de hacerse 49 registros y una intervención de más de 80.000 kilos de atún . Además, se han intervenido medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y coches de alta gama por más de 600.000 euros y documentación que permitió demostrar las irregularidades de la red asentada en la Comunidad Valenciana.
Las empresas involucradas realizaban parte de su actividad de forma legal y traían a España el atún por vía aérea (1.250.000 kilos llegaron a Barajas). Con facturas y documentación que se correspondían con la comercialización legal (en muchos casos procedentes de granjas autorizadas) realizaban la ilegal, que entraba por carretera. Así operaban las empresas de Malta.
En el caso de las italianas, toda la mercadería llegaba de forma ilegal por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad. El tránsito de la pesca ilegal de ambos países se hacía a través de puertos franceses.
Si bien la mayor parte de los atunes venían de fuera, había un pequeño porcentaje de atunes proveniente de capturas españolas no declaradas.
En muchos casos, el atún llegaba en malas condiciones de conservación con la consiguiente degradación de sus proteínas. Los atunes se transportaban sin respetarse la cadena de frío o se sacrificaban y se mantenían en el agua hasta que pudieran traerse a tierra sin correr riesgos haciendo que la pérdida de cualidades se acelerase al permanecer en el agua.
El teniente coronel Jesús Gálvez , jefe de operaciones del Seprona, advirtió de que algunos atunes llegaban con niveles de histamina superiores al permitido. Así, una persona tuvo que ser hospitalizada en Sevilla por una intoxicación después de comprar pescado en un mercado, mientras que se detectaron otros seis casos con niveles de histamina superiores al permitido pero que no llegaron a comercializarse.
El atún comercializado en negro superaría los 2.500.000 kilos en el caso de las empresas que operaban en Malta . Desde Italia, en los seis primeros meses de 2018 se trajeron 1.000 toneladas, informó el teniente coronel Jesús Galvez, jefe de operaciones del Seprona. Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio de 5 euros, se podrían haber obtenido ilegalmente 12.500.000 euros al año.
Las empresas comercializadoras distribuían atún a los mercados centrales. En algunos casos, los compradores eran conscientes de que estaban adquiriendo pescado ilegal.
Amenaza para la ciudadanía
«Esta es una lucha que estamos perdiendo. El crimen ambiental es la mayor amenaza que tienen los ciudadanos», advirtió Pedro Felicio , jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Europol. Felicio también advirtió del impacto financiero que tiene el crimen ambiental así como las complicaciones que produce en la economía legal.
Además, aseguró que se está pescando un 50 por ciento más de atún de lo permitido legalmente y, advirtió de que en diez años esta especie podría estar en peligro de extinción .
En la operación Tarantelo han participado la unidad de medio ambiente del Seprona, y, a nivel internacional, se contó con la colaboración de la Gendarmería Nacional Francesa así como de los Carabinieri en Italia. También ayudó la Inspección de la Secretaría General de Pesca. Si bien algunas informaciones apuntaban a que había altos cargos del Gobierno de Malta involucrados, Gálvez no lo confirmó.
La investigación se ha desarrollado bajo instrucción del Juzgado número 3 de Picassent y con la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.
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