Enfado monumental en el colectivo de la discapacidad contra la Junta Electoral: permite votar pero les señala
Reclaman la anulación inmediata de la instrucción que cuestiona su voto y permite a la Mesa «apuntarlos» en una lista aparte
Era una victoria sonada para el colectivo de la discapacidad. Desde el cambio legal del pasado 5 de diciembre de 2018, tras el correspondiente debate parlamentario, 100.000 personas con discapacidad que hay en España podría votar con tranquilidad en las siguientes elecciones generales. Pero la última instrucción de la Junta Electoral Central sobre el derecho a voto de las personas con discapacidad no ha resuelto la polémica, ya que dictamina, como ha denunciado públicamente el diputado de UPN Iñigo Alli, que «si alguna persona con aparente discapacidad quiere votar, los interventores y apoderados podrán marcar su nombre en una lista».
Para Cermi, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, hay que anular «con carácter inmediato» la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad.
Cermi ha advertido de que la instrucción «elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra "en contradicción clara" con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones».
La decisión de la Junta, publicada el pasado martes, está «cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado» contra las personas con discapacidad, « señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave» a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera.
Tanto Cermi como Alli se han dirigido a la Junta Electoral Central pidiendo la revisión urgente de la instrucción para «corregir esta interpretación desviada y contradictoria» con el tenor de la reforma electoral. Alli ha publicado la carta dirigida a la JEC instándole a retirar de la instrucción el párrafo de la discordia, sujeto a interpretaciones muy diversas: «En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acto de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte».
Muchas han sido las reacciones de indignación y enfado contra esta instrucción «discriminatoria». La eurodiputada Rosa Estaràs , del PP, vicepresidenta a su vez del Intergrupo Europeo de Discapacidad, Rosa Estaràs, ha solicitado la anulación inmediata de la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) que cuestiona las condiciones del voto de las personas con discapacidad en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Esta instrucción, publicada el pasado martes 12 de marzo, «permite -para Estaràs- la posibilidad de cuestionar el voto de determinadas personas sin elementos objetivos, por lo que es inaceptable».
Esta reforma, que se aplicará por primera vez en las próximas elecciones generales del 28 de abril, ha permitido incluir por primera vez en el censo electoral a más de 100.000 personas que hasta ahora no podían ejercer su derecho de sufragio por contar con una sentencia de incapacidad.
