¿En qué cambiará la ley del aborto de Montero?

La ministra de igualdad considera que la ley de 2015, por la que las jóvenes de entre 16 a 18 años necesitan el consentimiento de los padres para interrumpir su embarazo, no da la opción «libre» de abortar

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión de Igualdad de hoy IGNACIO GIL / Vídeo: Montero anuncia que el Gobierno reformará la Ley del aborto - EP

Irene Montero avanzaba hoy que el Gobierno derogará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015, pues en su opinión no da la opción «libre» de abortar. La ministra de igualdad no ha concretado ningún detalle sobre fechas o procedimientos.

En el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se adelantaba que se « favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres , en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010», si bien no se explicitaba qué aspectos concretos de la ley se modificarían .

Montero, además, ha indicado que la ley debe garantizar «el mejor acceso posible a la anticoncepción» y a recibir una «educación sexual y efectiva» que se convierta «en la mejor vacuna» contra los embarazos no deseados y contra «las violencias machistas».

Vuelta a la «Ley Aído»

El Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2015 la modificación de un único artículo de la llamada «Ley Aído» o ley de plazos : se impedía a las chicas de entre 16 y 18 años abortar sin consentimiento paterno , algo que sí contemplaba la ley aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 201 0 . Este cambio provocó que las jóvenes tuvieran que informar a sus padres de su intención de abortar y contar con su autorización.

Este fue el único artículo que salió adelante de la contrarreforma propuesta por Alberto Ruiz-Gallardón , a la que se opusieron varios diputados populares, así como la totalidad de la oposición.

Conviene recordar, por otra parte, que el Tribunal Constitucional lleva diez años sin resolver el recurso presentado por 50 diputados del Partido Popular contra la ley de plazos aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

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