La Ley de 2010...
Ley de plazos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que promovió la ministra de Igualdad socialista Bibiana Aído, contemplaba la «regulación del aborto libre». Pero puso un plazo legal: 14 semanas fue el íntervalo dado para la interrupción voluntaria del embarazo por las mujeres que decidieran hacerlo. No regulaba si las menores de 16 y 17 años debían contar con el consentimiento paterno o de sus tutores legales.
Supuestos desde la 22ª semana
«El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Más allá de este plazo, se puede abortar según dos supuestos excepcionales estipulados: cuando «se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida», y el segundo se circunscribe a los casos en que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico».
Recurso de parte del PP
No todo el Partido Popular, pero sí 71 de sus diputados, recurrieron la ley ante el Constitucional.
La Ley de2015...
Reforma de la ley de 2010
La principal modificación legislativa que introduce el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 fue la regulación del permiso paterno obligatorio para las menores de 16 y 17 años que quisieran poner fin a sus embarazos no deseados. La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, lo estipula y reelabora. Dice su articulado que «con el fin de superar la singularidad, que para las menores implicó el tratamiento introducido por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, se rectifica el régimen de consentimiento de las menores».
«Un momento difícil»
En esta norma modificada en 2015 corrige que la «ley Aído» «privaba a las menores de la protección y de poder contar, en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad».
Un paso más en 2021
Irene Montero quiere volver al aborto libre, eliminar el permiso paterno y garantizar el acceso a las mejores técnicas anticonceptivas para todas las mujeres. También clases de educación sexual.
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