Baleares endurece las condiciones para poder conseguir un certificado de catalán

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha cambiado los criterios de evaluación, en consonancia con las normas actualmente vigentes en Cataluña y en la Comunidad Valenciana

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El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, aprobó este viernes un decreto que endurece las condiciones para poder lograr un certificado de catalán en la Comunidad. Hasta ahora, para poder conseguir dicho certificado era preciso obtener un mínimo de cinco puntos —sobre diez— en cada una de las cuatro pruebas específicas de que constan los exámenes de tipo lingüístico en Baleares. A partir de ahora, se exigirá alcanzar un mínimo de seis puntos —también sobre diez— en cada una de esas cuatro pruebas específicas. Por tanto, se considerará «suspendido» a quien quede por debajo de esa puntuación mínima en cualquiera de las pruebas de un examen.

El nuevo decreto lingüístico, denominado «de evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana», ha sido promovido por la Consejería de Cultura, que dirige la ecosoberanista Fanny Tur. Cabe recordar que el Ejecutivo que preside Armengol está conformado por consejeros socialistas y por consejeros ecosoberanistas de MÉS por Mallorca. La mandataria balear cuenta además con el apoyo parlamentario externo de MÉS por Menorca y de Podemos.

Según ha explicado el Govern a través de un comunicado, el objetivo del mencionado decreto es «adaptar la normativa vigente hasta ahora a la estructura actual de la Administración de la Comunidad» y «actualizar los contenidos de cada nivel y los criterios de evaluación». Tras haberse aprobado ahora esta nueva norma, la Dirección General de Política Lingüística volverá a tener la competencia de convocar, organizar y gestionar los exámenes para determinar los conocimientos de lengua catalana en el Archipiélago. Desde la pasada legislatura y hasta este año, dicha competencia ha estado en manos del Instituto de Estudios Baleáricos.

Los primeros exámenes en el contexto de este nuevo marco normativo se celebrarán en enero del próximo año. Según el mencionado comunicado del Govern, el nuevo decreto está en consonancia con otros en la misma línea actualmente vigentes en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

El catalán como requisito

Uno de los ejes de actuación del Ejecutivo de Armengol a lo largo de esta legislatura ha sido la aprobación de diversas normativas de carácter lingüístico. Cabe recordar, en ese contexto, que en marzo del pasado año el Gobierno balear aprobó el controvertido decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad los profesionales sanitarios y no sanitarios que desean trabajar en la sanidad pública balear. Una peculiaridad de dicho decreto es que las condiciones fijadas por el Govern para poder presentarse a las oposiciones previstas o ya en marcha son más flexibles para los médicos y los enfermeros que para los administrativos.

En el decreto aprobado hace ahora doce meses el catalán no es un requisito en sentido estricto para el personal sanitario y además se rebaja el nivel lingüístico exigible para cada categoría laboral. Por tanto, en la actualidad no es necesario que un médico o un enfermero tengan una titulación de catalán para poder presentarse a las oposiciones que se están llevando a cabo en el IB-Salud en estos últimos meses, si bien dicha titulación deberán lograrla en un plazo máximo de dos años una vez conseguida la plaza. Los médicos y los enfermeros deberán acreditar, por ejemplo, un nivel elemental —B1— de catalán. De no ser así, no podrán pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

El decreto del catalán en la sanidad deriva de la Ley de Función Pública en su actual redacción, que establece que el catalán es un requisito para poder ser funcionario en Baleares. La citada ley fue aprobada en 2007 por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas , y fue mantenida sin cambios por su sucesor, el socialista Francesc Antich . Con posterioridad, en julio de 2012, el entonces presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá, introdujo varios cambios en la Ley de Función Pública, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente como un mérito para poder ser empleado de la Administración en la Comunidad.

Finalmente, en marzo de 2016, el Parlamento balear avaló otra modificación puntual de la citada ley, en ese caso para que el catalán volviera a ser un requisito. Votaron entonces a favor de dicha modificación puntual el PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca, Podemos y Proposta per les Illes. En cambio, votaron en contra el PP y Cs.

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