Armengol borra el castellano de su ley educativa el día antes de aprobarla

PSOE, Podemos y los nacionalistas suprimen 'in extremis' los puntos que reconocían el español como lengua vehicular en la enseñanza ante las presiones del independentismo

La presidenta balear, Francina Armengol, y la ministra de Educación, Pilar Alegría EP

Mayte Amorós

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El castellano no será lengua vehicular en los colegios de Baleares . El consejero de Educación del Govern balear, Martí March, cargo electo del PSOE, ha aceptado 'in extremis' suprimir los puntos que hacían referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza que se contemplaba en la primera Ley de Educación de las Islas Baleares. Este cambio se produce apenas un día antes de su aprobación este martes en el Parlamento balear y tras las presiones de las entidades independentistas como la Obra Cultural Balear (OCB) o la Plataforma per la Llengua, que habían llamado a manifestarse este martes a las puertas de la Cámara autonómica y a promover un voto de castigo contra el Ejecutivo liderado por la socialista Francina Amengol si daba un espacio al castellano en la educación. Además, los socios nacionalistas de Més per Mallorca mantenían discrepancias internas hasta el último momento sobre el sentido de su voto.

Sólo unas horas antes de aprobar la nueva normativa, los partidos que conforman el Pacto de Gobierno (PSIB-PSOE, Més por Mallorca y Unidas Podemos), junto con Gent per Formentera, han llegado a un acuerdo para «reforzar la autonomía de los centros escolares en las cuestiones que hacen referencia al modelo lingüístico en la Ley de Educación de las Islas Baleares». Dicho en otras palabras, el uso del castellano no queda garantizado –ni siquiera el 25%-, mientras se obliga a dar al menos el 50% en catalán . Serán los equipos directivos los que decidirán el peso de las lenguas en el horario escolar, algo que ya ocurre y que permite aplicar una inmersión lingüística de facto en la gran mayoría de los centros educativos.

El Ejecutivo de Armengol suprime definitivamente los apartados c) y d) del artículo 133.1 de la Ley de Educación de Baleares, que hacían referencia a la vehicularidad de las lenguas cooficiales en la enseñanza en la nuestra Comunidad Autónoma. Apuesta por que sean los centros los que decidan el modelo que debe hacer posible que los alumnos adquieran las competencias en las dos lenguas oficiales en el marco de lo que define el artículo 133.3.

Los partidos de izquierda lamentan que el PP haya roto el consenso con las cuestiones relacionadas con el modelo lingüístico , incluyendo en la Ley de Educación puntos que ya están recogidos en la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos, que ellos mismos impulsaron y consensuaron hace 25 años.

Mismo rango que un idioma extranjero

En las últimas reuniones, los 'populares' habían conseguido incluir la vehicularidad del castellano en el redactado. El texto original sólo daba el estatus de lengua vehicular al catalán, al que definía como «lengua propia» y « lengua vertebradora de la enseñanza ». El español, por tanto, quedaba rebajado a «lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo», al mismo rango que un idioma extranjero.

Los partidos del Pacto han hecho un comunicado conjunto, haciendo gala de su acuerdo. Advierten de que no harán instrumentalización de la lengua catalana y velarán por que la Ley de Educación cumpla con los objetivos marcados, como son dotar al sistema educativo de una estabilidad que haga posible continuar con el camino de mejora iniciado en 2015 y porque educación en las Islas Baleares sea inclusiva, innovadora y de futuro, además de garantizar la igualdad de oportunidades y hacerla accesible para todos.

El consejero balear de Educación prometió que esta Ley «no contemplaría porcentajes de cada lengua» para permitir «una sociedad plurilingüe» y «no sería una ley de ningún partido sino una ley con la que todo el mundo se sintiera mínimamente representado«. La realidad es que la norma finalmente habla de reservar al menos la mitad del horario escolar a la lengua catalana, en contra de los principales partidos de la oposición y una parte de la comunidad educativa , que reclamaban un modelo lingüístico flexible y adaptado a la realidad sociolingüística de los centros.

Desde hace semanas, los catalanistas agitan la bandera de la emergencia lingüística que supuestamente sufre la lengua catalana para tratar de frenar esta normativa, que encara el último trámite antes de ser definitivamente aprobada este martes en el parlamento balear. El pleno se presentaba agitado dentro de la cámara autonómica, ya que el PSOE se había asegurado los votos de Podemos pero los nacionalistas de Més per Mallorca mantenían discrepancias internas.

En las últimas semanas sindicatos y entidades de la sociedad civil habían denunciado los «peligros» que suponía la inclusión en la ley del castellano como lengua vehicular. Primero fue la OCB marcando un calendario al Gobierno de Francina Armengol para blindar la inmersión lingüística en los colegios. También el sindicato STEI o el Movimiento por la Escuela en Catalán, que aseguraba que incorporar la vehicularidad del castellano significaba «agravar aún más la situación de emergencia lingüística» del catalán y abría la puerta a que «esta vehicularidad también se aplicara en otras leyes futuras».

Varias entidades secesionistas llamaron a manifestarse este martes a las puertas de la Cámara autonómica y a promover un voto de castigo en las próximas elecciones , en 2022, contra el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. Trataban así de presionar para que la lengua catalana monopolice toda la educación en Baleares, tanto en el aula y en los patios como en las relaciones con las familias.

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