Un colegio catalán desoye a los tribunales y obliga a dos alumnos a ir a la privada

Durante años fue un padre más de la Escuela Pía Santa Anna de Mataró (Barcelona), pero, en cuestión de días, y sin buscarlo, Agustín Fernández y su familia se vieron envueltos en un huracán mediático del que aún no han podido escapar. Él y su esposa recurrieron a la justicia para que les concediera una educación bilingüe para sus dos hijos, de 9 y 11 años, y los tribunales les dieron la razón el pasado mayo, obligando al centro a impartir más clases en español a sus vástagos y, por extensión, a los alumnos de sus respectivas aulas. Un auto del Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC), con fecha del 8 de mayo de 2015, obligaba a la citada escuela a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano.

«Mejor en otro colegio»

Lejos de cumplir lo dictado por los tribunales, el colegio, amparado por la Administración autonómica, les ha presionado hasta el último momento para que reconsideren su legítimo derecho y les ha puesto trabas para aplicar la resolución judicial, según denuncia Fernández en una entrevista concedida a ABC. Finalmente, no han tenido más opción que escolarizar a sus hijos en una escuela privada, con el coste que eso supone. «Sus hijos estarían mejor en otro colegio», le dijo, según asegura el padre, el director del colegio, David Gallemí, en la última reunión a la que le convocó, a pocos días de finalizar el curso escolar. El centro, con el que ha contactado este diario, no ha querido dar su versión y ha avanzado que la dará cuando empiecen las clases, el 14 de septiembre.

Cumplir la ley en catalán

En junio, poco antes del último encuentro con el director, el centro notificó a Agustín mediante un correo, al que ha tenido acceso ABC, que la asignatura que había seleccionado para cumplir el 25% de castellano, que era la de Matemáticas, se impartiría con los libros en catalán. «Es tan indignante que resulta hasta cómico», dice el padre.

Tal como denunció ABC en su edición del 16 de mayo, el colegio intentó burlar la ley planteando dos grupos (uno con la clase en castellano y otro con la materia en catalán) dentro de las aulas de los dos menores afectados, aunque, finalmente, dio marcha atrás. La asociación de padres también convocó a la familia para que justificara su reclamación, aunque no hubo encuentro. A Agustín Fernández le indigna que sus hijos sean expulsados del sistema público pese a tener la justicia de su parte.

«Que la Generalitat incumpla la ley me va a costar 20.000 euros anuales», denuncia el padre, que ha tenido que matricular a sus hijos en el único centro de la zona que le garantizaba más castellano, una escuela de elite en la que, según avanzó ABC, también se han inscrito algunos alumnos a los que el Gobierno ha avalado, vía Lomce, para tener educación bilingüe.

Sin embargo, lo que más indigna a Agustín es la «impunidad» con la que el gobierno catalán desoye a la justicia y el «acoso que mi familia ha sufrido, tanto por parte de la sociedad civil como por parte de algunos partidos políticos».

Linchamiento político y social

Las presiones llegaron a su punto más álgido el pasado 13 de mayo cuando miembros de la comunidad educativa y representantes de todas las fuerzas políticas, excepto PP y C’s, se manifestaron ante las puertas del centro a favor de la inmersión lingüística y en contra de su resolución. «El hecho de pedir enseñanza bilingüe me ha obligado a salir del armario lingüístico y que todo el mundo me señale, pero lo que más ha preocupado en todo este desagradable episodio es la tensión que han vivido mis hijos».

«Llegó de clase llorando»

Uno de ellos, según relata, «llegó de clase llorando el 12 de mayo tras ver el colegio empapelado con carteles en contra de nuestra reclamación». Agustín acudió a los tribunales en septiembre de 2014, amparado por Convivencia Cívica Catalana (CCC), para pedir un 50 por ciento de enseñanza en castellano para sus dos hijos. El 8 de mayo de 2015 el TSJC le concedió el 25 por ciento de las clases en esa lengua.

«Fue sospechosamente rápido, teniendo en cuenta la trayectoria de otras familias, aunque no ha servido de nada», dice el padre. Antes de la polémica protesta, que encendió las redes sociales, Agustín aceptó posponer la aplicación de la medida cautelar el curso próximo para «aplicarla bien y de forma organizada». Su tolerancia sirvió de poco. El padre no da crédito aún a todo lo que le ha ocurrido y exige «libertad» para que las familias puedan escoger la mejor enseñanza para sus hijos. Por ello, se plantea querellarse contra la Generalitat. «A los padres nos secuestran la voz porque tienen a los niños de rehén», concluye.