prisiones
Las presas de Puerto III, obligadas a convivir todas en un solo módulo: «Es un infierno... aberrante»
Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF lamentan que las internas que jamás han pisado un centro penitenciario tengan que compartir estancia con otras que son «reincidentes, conflictivas, inadaptadas y nocivas al tratamiento penitenciario»
Además, las que quieren trabajar tienen que, obligatoriamente, residir en un departamento con hombres, denominado mixto, lo que les «limita» y les hace rehuir de este derecho
La prisión de Puerto III es uno de los centros penitenciarios con mayor número de reclusos de toda España. Actualmente tiene una población de más de 1.200 personas que se reparten en los diferentes módulos de acuerdo a las condenas que estén cumpliendo y a su nivel de adaptación y conflictividad. Y de todos esos módulos existe solo uno donde hay exclusivamente mujeres. En él 'cumplen' unas 75 internas. Mujeres que han cometido diferentes tipos de delitos, que han ingresado en una cárcel por primera vez, que llevan repetidos ingresos o que tienen diferentes patologías o viven muy distintas circunstancias. Pero todas ellas tienen que estar juntas. «Solo hay un módulo».
Así lo han vuelto a denunciar los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF con representación en Puerto III que hablan en este sentido del «grave agravio comparativo» que sufren las mujeres internas en este centro frente a los hombres que cuentan con mayor número de módulos habilitados y más estancias y actividades. Los funcionarios denuncian que tras el cambio en la dirección del centro se eliminó un segundo módulo que había por lo que ahora las áreas de vigilancia y tratamiento no pueden establecer una separación en función del perfil de las internas.
«La actual dirección procedió a eliminar ese módulo de respeto de mujeres, hace más de dos años, con la complicidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin pensar en el desorden regimental que crearía dicha medida, quedando así un único módulo de mujeres donde conviven todas las internas que cumplen condena, limitando todavía más sus derechos, pues no se puede atender a sus situaciones y necesidades», advierten.
La mitad son multireincidentes y un 32% es la primera vez en prisión
Según detallan, de estas 75 mujeres, casi la mitad de ellas, un 49 por ciento, son multireincidentes y con numerosas infracciones disciplinarias, un 34,6 por ciento no han cometido ninguna infracción durante el tiempo que llevan en el centro y un 32 de ellas es la primera vez que pisan una cárcel.
«Así nos encontramos que en este módulo conviven en la actualidad internas que jamás han pisado una prisión, con otras internas: reincidentes, conflictivas, inadaptadas, nocivas, reacias al tratamiento penitenciario, que han estado en régimen cerrado por nefasta conducta penitenciaria, incluso con internas incluidas en el Programa PAIEM de enfermas mentales», denuncian desde los sindicatos los funcionarios de prisiones.
«Se dan situaciones tan rocambolescas de convivencia diaria de internas multireincidentes con nueve ingresos en prisión, con múltiples sanciones, número superior a 150, con otras primarias con buena conducta y plenamente adaptadas a la vida penitenciaria».
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Permitir y consentir que convivan así entre ellas diariamente o bien que salen en la actualidad de permiso y otras próximas a su tercer grado, «genera presiones de las primeras y temor y miedo en las restantes, incrementando la conflictividad del módulo, y por ende, el conflicto regimental y humano con los funcionarios que trabajan a diario y que día tras día se ven sometidas a la resolución de conflictos, que en muchos casos conllevan agresiones hacia los trabajadores».
Para los sindicatos con la existencia de este único módulo es «materialmente imposible» que se pueda cumplir con el artículo 25.2 de la Constitución Española, dirigido a la reinserción y reeducación. Como reiteran esta situación, esta mezcla de perfiles, es «aberrante y nefasta» y convierten ese módulo en un «infierno». «Anula por completo nuestra función como trabajadores y trabajadoras penitenciarios de este centro».
Los representantes de ACAIP-UGT y CSIF afirman que la directora de la prisión Esther Serrano es «plenamente consciente de la realidad en la que se ha convertido ese módulo y no hace absolutamente nada por eliminar esa auténtica jungla que lleva subsistiendo desde hace dos años. Ese módulo tiene el peor clima de convivencia para poder desarrollar la función reeducadora y reinsertadora que se nos ha encomendado», insisten.
Una minoría que trabaja, en el mixto con hombres
Por otro lado, las internas que desempeñan un puesto de trabajo, tienen que, obligatoriamente, residir en un módulo con hombres, denominado mixto, limitando el derecho de las mujeres al acceso a un puesto de trabajo, al obligarlas a convivir con la población masculina.
«Cualquier estudio riguroso de la situación en ese módulo, en pleno siglo XXI, haría sonrojar a cualquiera. La realidad social demanda a la Institución Penitenciaria una sensibilidad hacia estas mujeres que ingresan por primera en un centro penitenciario».
Esta situación contrasta con la situación de la población interna masculina, que dispone de una diversidad de módulos para su separación en atención a sus distintos perfiles, con dos módulos de respeto, uno de educación y otro terapéutico, entre otros, facilitando la labor penitenciaria de reinserción.
Desde los sindicatos se exige que se restablezcan los dos departamentos de mujeres que había antes de la toma de decisión de la actual directora, y así uno de ellos sea de respeto para mujeres internas de perfil bajo en Puerto III, con lo que «se eliminaría el engendro actual, que nos permitiría a los trabajadores realizar las funciones que tenemos encomendadas y cese la desigualdad que existe».
Esta misma situación ya fue denunciada hace unos meses por la Asociación Pro Derechos Humanos al Defensor del Pueblo. En un escrito remitido a este órgano, APDHA cree que esta disparidad «es contraria al artículo 14 de la Constitución Española y que, bajo ningún concepto, está justificado que no se atiendan las necesidades de las mujeres presas y que, por el hecho de ser minoría, tengan menos accesos a los espacios, recursos, programas u ofertas laborales o formativas, y, en definitiva, menos acceso al tratamiento penitenciario y, en última instancia, a la reinserción».
