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Puerto III, la prisión con mayor número de agresiones a funcionarios de todo el país
En las cárceles de la provincia se concentraron en 2023 el 10% de los ataques de los producidos en todos los centros penitenciarios de España
En total, hubo casi una treintena de ataques en las cárceles gaditanas, aunque Interior no ha computado las agresiones verbales o las amenazas
El pasado año se cerró con una nueva marca histórica en cuanto al número de agresiones a funcionarios en las cárceles de nuestro país. Según datos del Ministerio del Interior, se produjeron 508 ataques en total, diez de ellos de carácter muy grave. Esta cifra supone un incremento del 12 por ciento con respecto a 2022, lo que supone «una agresión cada 17 horas».
Las cifras se desprenden de una respuesta parlamentaria dada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. De estas agresiones, y como indican los datos oficiales facilitados, el 1,9% fueron de carácter grave, 264 agresiones fueron calificadas de leves y 234 se produjeron sin lesiones para el trabajador.
En cuanto a las prisiones de la provincia, en 2023 se produjeron entre los cuatro centros (Puerto I, Puerto II, Puerto III y Botafuegos) 27 agresiones a funcionarios de carácter leve y 20 agresiones sin lesiones, 47 en total, lo que supone casi un 10 por ciento del total de las agresiones cometidas en todos los centros penitenciarios de España. Pero hay que tener en cuenta que en estas cifras sólo se han computado las físicas, ya que no se han tenido en cuenta los ataques verbales, las coacciones o las amenazas.
Prisión con más reclusos de España: 1.300
Según los datos del Ministerio del Interior, Puerto III -la prisión con mayor población reclusa de España, con 1.300 internos)- fue el centro con mayor número de agresiones registradas de todo el país, con 16 casos con lesiones leves y once agresiones sin lesiones (27). Empata con Zuera en Zaragoza (27 agresiones) y le sigue Daroca, en Palencia (20 agresiones). Puerto I registró seis agresiones con lesiones y seis sin lesiones. Puerto II, tres con lesiones y una sin lesiones. Y Algeciras-Botafuegos, dos con lesiones y otras dos sin lesiones.
Al respecto, el sindicato CSIF Cádiz entiende que estas cifras son «inasumibles en un Estado de Derecho» y que «deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando», denuncian.
Los representantes sindicales de los funcionarios llaman sobre todo la atención sobre la falta de personal y vuelven a insistir en el déficit de personal sanitario «que impide el correcto seguimiento y tratamiento de numerosos internos que padecen trastornos y enfermedades mentales. Es obvio que estas patologías, cuando no son atendidas adecuadamente, la agresividad aumenta».
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Además, a juicio de CSIF, son cifras que «están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones», advierten. Si se tuvieran en cuenta estos episodios, «la cifra sería más escandalosa». Por ello, CSIF también ha reclamado que se actualice dicho protocolo, que, a día de hoy «enmascara y distorsiona la lacra de las agresiones a funcionarios en las prisiones».
Por otro lado, el sindicato insiste en que es «crucial» que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo, ya que, sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos. «Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos», apostillan desde la central sindical.
Al mismo tiempo, CSIF considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe ofrecer una formación continua y actualizada en materias relacionadas con las funciones que desempeñan los trabajadores, con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, riesgos ante las agresiones. La central sindical espera que la Administración penitenciaria corrija esta situación y cuide de su personal, pues «nadie, en su puesto de trabajo, debe correr riesgos hacia su integridad por falta de medios».
