Provincia cádiz
Funcionarios de prisiones en las cárceles: «A algunos aquí ya les sale gratis matarnos»
Trabajadores penitenciarios alertan sobre la «indefensión» que asumen en algunos módulos frente a internos muy conflictivos y violentos que ya cumplen penas máximas
Desde hace años piden que se les considere agentes de la autoridad para tener alguna cobertura legal más
Lo mejor para hacerse una idea de una situación, sobre todo si es complicada, es imaginarse cómo puede ser el escenario. Por ello nos desplazamos hasta Puerto III, la cárcel de El Puerto de Santa María, una de las más grandes de España considerada de alta seguridad, y en la que cohabitan desde presos comunes o delincuentes habituales, a políticos corruptos, estafadores, yihadistas, pederastas, agresores sexuales, traficantes... y también asesinos. Gente que, en algunos casos y a veces por estancias temporales, cumplen penas máximas según la legislación española. Pongamos 25 años de cárcel. Otros tienen condenas menores pero a menudo son más peligrosos. «Inadaptados», les llaman. De los que de repente se vuelven violentos y entonces llega el problema.
Ha ocurrido en numerosas ocasiones. Y aunque en una cárcel pues uno se puede plantear que sucedan episodios de este tipo (al igual que hay otros muchísimos que no causan altercados o que creen y luchan por su reinserción), este hecho es una realidad y quienes lo sufren en primera persona son los que están en contacto directo con ellos, los funcionarios y demás personal penitenciario
Ocurría hace dos fines de semana. Un interno del módulo de aislamiento, 'del quince', arremetía contra varios trabajadores cuando al mediodía amenazaba por el interfono que si no le cambiaban de celda se iba a rajar.
Los funcionarios y el jefe de servicio acudían e intentaban que entrara en razón. Sin embargo no deponía su actitud. Cuando se relajó lo trasladaron a otro cuarto para cachearlo y ver si portaba algún objeto con el que pudiera dañarse. Fue entonces cuando se lanzó contra el jefe de servicio propinándole un cabezazo en la cara que le provocó la rotura del tabique. Además comenzó a patear y morder al resto de trabajadores causándoles diferentes lesiones por las que tuvieron que acudir al hospital.
Según ha podido saber este periódico, el interno de este último altercado es M.D., un ciudadano guineano que lleva en la prisión portuense desde junio y que no había protagonizado hasta el momento ningún incidente. Sin embargo sí le consta una condena por atentado a las autoridades de 2019 de Granada. Además de dos agresiones sexuales y abusos en Madrid por lo que fue sentenciado a diez años.
Y volvía a ocurrir esta semana. El jueves. Otro interno, esta vez en Puerto II cogía del cuello a otro funcionario cuando éste le estaba separando de una pelea.
«Aunque vayas a salvarle la vida, a que no se haga daño él mismo, asumimos el riesgo de que pueda acabar con la tuya. El sistema y los protocolos que tenemos hace que tú te expongas y eso hay que evitarlo ya de alguna manera», cuenta Ángel Luis Perea, portavoz de CSIF en los centros penitenciarios de Cádiz. «Muchas veces son personas inadaptadas, que van contra el sistema y no entran en razón... nos ven como sus represores, la cara visible de la Administración contra quien van. Y eso es muy peligroso. Nos deshumanizan».
Quema de colchones y otros 'trucos'
Además los comportamientos violentos de estos reclusos conflictivos han adaptado una serie de modos que a los funcionarios no les queda otra que tener que acceder a la celda. Así usan estrategias como quemar los colchones o romper mobiliario. Incluso llegan a poner agua con jabón en el suelo junto a la puerta para que resbalen ante ellos. «Los protocolos no están ajustados» -explica Perea. En este sentido, denuncia que las medidas se hacen de acuerdo a las agresiones en sí y si son graves, dejando fuera de estas evaluaciones sobre las que se basa el reglamento las lesiones leves, las amenazas o las coacciones, algo muy común y que es preludio de lo que luego puede suceder.
«Los que ponen las reglas no han estado nunca en un módulo de aislamiento... no creo que un jefe de bomberos no haya apagado nunca un fuego. Es difícil que así pueda entender cómo se actúa y las medidas que son las más eficaces y necesarias».
Agentes de la autoridad
Pero además, al margen de protocolos y de medios, en las prisiones sus trabajadores piden tener una mayor cobertura legal. Por eso llevan ya tiempo solicitando en diferentes ámbitos que sean considerados agentes de la autoridad, como cualquier agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta designación les protegería en mayor medida ya que los agresores podrían ser acusados de delito de atentado. Y no sólo si se les hiere o lesiona, sino también si se les empuja, amenaza o desobedece de manera reiterada.
«El PSOE lo metió en trámite parlamentario el año pasado pero han ido alargando los plazos y ahora tras las elecciones y sin gobierno no se espera tampoco de momento... pero nosotros seguimos ahí y aunque eso no evite que nos agredan si nos puede proteger algo más. No nos sentimos en absoluto respaldados. En definitiva... si en un centro pasa algo, es la Administración la responsable y los políticos prefieren lavarse las manos».
Y así, mientras... se van sucediendo estos altercados que, como se advierte, son inesperados. ¿Quién va a saber cómo y cuándo un interno fuera de sí decide coger un cristal o un estilete o cualquier punzón que se haga y se lo clave a otra persona? «Es imprevisible y estamos demasiado expuestos».
«Y encima, a algunos les puede salir gratis matarnos». El funcionario se refiere a una circunstancia que ya se ha producido en alguna que otra ocasión. Y es que el agresor tenga ya en su haber una o varias condenas de asesinato y, por mucho que se le considere autor de esos hechos y se le sentencie, su cumplimiento efectivo en una cárcel no excederá del máximo permitido legalmente. Es decir, y con carácter general no podrá exceder de 20 años. Sólo de manera excepcional el límite se podía extender hasta los 25 ó 30 años, cuando el acusado haya sido condenado por dos o más delitos de penas de hasta o superiores a 20.
La otra opción, la pena de prisión permanente revisable puede ser impuesta únicamente en delitos de excepcional gravedad: asesinatos especialmente graves, terrorismo, homicidio del jefe de Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio. Por tanto si comete algún asesinato y aunque sea condenado por ello los días que pase en una celda serán los legales y no más.
El caso de Fabrizio, el reo más peligroso
En este supuesto se vio precisamente uno de los internos que ha pasado por Puerto III y que en el verano de 2016 protagonizó uno de los ataques más brutales que se recuerdan en dicho centro penitenciario. Fabrizio João Silva, de 36 años, 1,80 de estatura y natural de Guinea-Bissau, era ya considerado el preso más peligroso de España cuando arremetió de forma salvaje contra los trabajadores de esta cárcel portuense. Entonces ya era un 'primer grado', un 91.3, un FIES, y se encontraba en el módulo de aislamiento.
No había dado demasiados problemas pero un día cuando fueron a sacarlo siguiendo el protocolo sacó un pincho de ocho centímetros que se había hecho con el estilete de un zapato y se lo clavó primero a un funcionario en el cuello, a otro en la cara y a otro en el antebrazo. Y así, contra seis. «Estaba como loco, obcecado», dijo una de sus víctimas durante el juicio. «Podría haber sido una auténtica masacre» , afirmó el fiscal de manera rotunda en sus conclusiones.
La Audiencia de Cádiz lo condenó a la pena total de 19 años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, tres delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso y cuatro delitos de lesiones leves. Sin embargo sobre Fabrizio ya pesaban otras condenas muy graves. Una de 22 años por haber violado y matado a su novia en Bilbao. Y otra, de 18 por acabar también con la vida de un compañero de prisión en Alcolea (Córdoba) al que asesinó a base de puñetazos y patadas en un cuarto de baño.
Precisamente, Fabrizio también falleció en la cárcel de A Lama (Pontevedra) en 2019. Fue encontrado muerto en su celda. Al parecer por un fallo cardíaco. Pero, aunque acumulaba un saldo pendiente con la justicia de unos 60 años, no hubiera pasado más de 25 en ella. Además no se le condenó por atentado a la autoridad (no procedía legalmente). A pesar de que atacó a estos trabajadores que controlan a diario a cientos de reclusos y que se enfrentan por tanto a situaciones como esta. Bajo una imponente y arriesgada presión.
