Cádiz
Propietarios de El Palmar demuelen sus viviendas para evitar sanciones
Las demoliciones tenían por objeto no solo la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia sino también una piscina, instalaciones anexas y los vallados
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La inspección de la Junta de Andalucía ha podido constatar que los propietarios de las edificaciones de El Palmar cuya demolición estaba prevista para hoy martes han optado finalmente por la autodemolición de sus viviendas ilegales que habían levantado sobre suelo rústico.
Los propietarios de las edificaciones han apurado hasta el último momento para reponer, de forma voluntaria, los terrenos. La Guardia Civil comunicó a esta Consejería en la tarde de ayer lunes que los propietarios estaban terminando de retirar los vallados y la solera aún existentes en una de las parcelas.
Retirada de viviendas prefabricadas
Las demoliciones tenían por objeto no solo la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia sino también una piscina, instalaciones anexas y los vallados que dividían la originaria parcela, de 6.000 metros cuadrados, entre 12 propietarios. La tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad por la inspección se inició en 2019. Desde entonces se han practicado, insistentemente, las medidas provisionales y se han levantado hasta 58 actas de inspección hasta 2023, incluyendo precintos y corte de los suministros, entre otras actuaciones.
Todo pese a las advertencias de la ilegalidad y de las consecuencias de las roturas de los precintos de los agentes de la autoridad. «En uno de los casos la vivienda ha sido constantemente destinada a alquiler vacacional, y en el otro caso, la vivienda se levantó habiéndose iniciado ya el expediente de restablecimiento por la Junta».
Esta actuación entraña además una especial trascendencia, ya que se ubica en el límite de la huella existente en El Palmar en su parte Este. Con esta autodemolición se preserva la conurbación con Zahora evitando que se siga ampliando el territorio –hacia zona inundable– de manera ilegal, comprometiendo recursos naturales, públicos y de la propia seguridad ciudadana.
La Junta de Andalucía ha reforzado la labor inspectora desde 2019 en todo el territorio andaluz, con un proceso centrado en la prevención, con actas de inspección, precintos y sanciones que algunos propietarios hacen caso omiso, por lo que se recurre al último recurso que es la orden de demolición. Esta línea de actuación «está dando sus frutos, ya no sólo por el descenso de nuevas edificaciones, sino porque ya nos encontramos a propietarios que optan por la autodemolición para evitar más sanciones, como ha ocurrido en este último caso«.
