La Fiscalía de Barcelona estudia una denuncia contra el acoso en redes sociales a la gaditana que criticó tener que aprender el C1 de catalán

A principios de marzo, una enfermera gaditana que trabajaba en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona se convirtió en la protagonista indiscutible de las noticias nacionales... y sin quererlo. La joven aparecía en un vídeo de Tik Tok con sus amigas en el que criticaba que para aprobar las oposiciones a la sanidad catalana había que «estudiar el puto C1 de catalán».

Esta broma infantil y en principio inofensiva se aprovechó políticamente por parte del nacionalismo independentista catalán, que lo consideró una ofensa contra su pueblo y una prueba de la opresión que sufren cada día por parte de España. Se pronunció el consejero de Sanidad, Manuel Balcell, («declaraciones intolerables»), y hasta el mismísimo Carles Puigdemont, el expresidente fugado tras haber sido condenado por la Justicia («Hay un lengüicidio en marcha»).

La chica fue expedientada, interrogada y obviamente tuvo que abandonar su puesto de trabajo.

Ahora, la Fiscalía de Barcelona está estudiando una denuncia que presentó en abril la plataforma Impulso Ciudadano contra todos aquellos que acosaron en redes sociales a esta enfermera gaditana.

Efe apunta que está «estudiando» la denuncia, aunque no ha abierto todavía diligencias de investigación al respecto. «La denuncia, como cualquier denuncia presentada, está siendo objeto de estudio para decidir si se incoan o no diligencias de investigación«, matizan desde la Fiscalía.

El vídeo acumuló más de 700.000 visitas, y algunos usuarios lo subieron también a Twitter, donde alcanzó más de dos millones de visionados y generó comentarios ofensivos hacia la chica.

A causa de estas críticas en redes sociales, la plataforma Impulso Ciudadano interpuso en el mes de abril una denuncia contra los que insultaron a la chica, que ahora estudia la Fiscalía de Odio de Barcelona, y llevó el caso al Defensor del Pueblo, pidiéndole que tomara cartas en el asunto.

La denuncia, de 10 páginas, se interpuso ante la Fiscalía Superior de Cataluña e incluye una serie de publicaciones en la red social Twitter en que varios usuarios insultan a la enfermera con comentarios como: «que se vuelva a Cádiz la enfermera retrasada esta», «que te vaya bien en el paro» o «mi receta para esta pájara catalanófoba es despedirla y desearle el peor de los males».

El documento de Impulso Ciudadano pone especial énfasis en las opiniones que vertió sobre la cuestión el conseller de Salud, Manel Balcells, tanto en Twitter como en una entrevista que dio a los pocos días en Catalunya Radio, donde dijo que las declaraciones de la enfermera eran intolerables y que llegarían al fondo del asunto.

De hecho, la denuncia también critica que pocos días después de la publicación del video, Salud abriera un expediente disciplinario contra la chica, que a día de hoy no se ha cerrada, para dirimir si el video vulneró la normativa sanitaria al ser grabado en horas de trabajo y sin que la chica en cuestión y tres compañeras más que aparecían en las imágenes llevaran la obligatoria mascarilla.

Impulso Ciudadano afirma en la denuncia que la apertura del expediente no se debió a las presunta vulneraciones de la normativa, sino a una voluntad discriminatoria contra ella por haber criticado el catalán.

«Nos encontramos con una autoridad que abiertamente reconoce que adopta las medidas disciplinarias por el desacuerdo mostrado públicamente con las opiniones de la empleada respecto a la política lingüística de la Generalitat«, dicen en referencia a que Balcells admitió en la entrevista de Catalunya Ràdio que las declaraciones de la chica habían tenido que ver también con la apertura del expediente, y no solo la vulneración de la normativa sanitaria.

Con todo, Impulso Ciudadano cierra la denuncia afirmando que los hechos relatados suponen tres delitos: prevaricación administrativa, por parte de «quienes incoaron el expediente disciplinario»; incitación al odio, por parte de los «que señalaron a la chica en redes sociales»; e impedimento del ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución, por parte de «los funcionarios públicos que han actuado con el fin de sancionar la expresión de sus ideas