Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz «celebra» la mediación de Maeztu en el Cerro del Moro

El Equipo de Gobierno lamenta que la Junta le pida que haga de «intermediario entre administraciones del propio Gobierno andaluz, cuando son éstas los que están dilatando el proceso de rehabilitación»

El alcalde de Cádiz, junto a Maeztu en el Ayuntamiento.

La Voz

El Ayuntamiento de Cádiz ha agradecido la visita que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido con la vecindad del Cerro del Moro. Maeztu, que ya había estado reunido previamente con el alcalde, José María González, que, según el Consistorio, «ha sido intermediario con la Junta de Andalucía para encontrar una solución a la 7ª y 8ª fase de rehabilitación de las viviendas del barrio».

El Ayuntamiento, además, «ejerce de intermediario entre administraciones de la propia Junta de Andalucía y recuerda que, a día de hoy, ha realizado todos los procesos que se les ha solicitado (obteniendo todos los informes favorables), siendo ahora tanto con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda las que deben dar los siguientes pasos».

Desde el Equipo de Gobierno han mantenido que la Junta pidió una corrección de errores y de modificaciones urbanísticas que se subsanaron y aprobaron en el Pleno y, posteriormente, solicitaron que se le diera traslado para su aprobación definitiva, «algo que está hecho desde el pasado mes de septiembre», aseguran.

«Posteriormente, la Consejería nos ha pedido que instemos a AVRA -que depende de la propia Junta-, a que impulse un estudio técnico ambiental que tiene que realizar la Consejería de la propia Junta. Un informe que, según los técnicos municipales, no es necesario», han lamentado.

«Es decir, la Junta de Andalucía nos pide que le exijamos a un organismo de la Junta que presente un impacto ambiental que tiene que hacer otra Consejería, que también es de la Junta», han vuelto a lamentar desde el Consistorio.

Por todo ello, han aclarado que es el Gobierno andaluz el que tiene que tramitar todos los procesos necesarios para conseguir una solución para un problema que persiste más de 30 años.

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