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Asesinato de dos agentes en Barbate: «Nuestros compañeros han muerto porque no hay medios, no hay otra»

El sindicato Jucil pide en el Congreso una comisión de investigación sobre lo ocurrido en Barbate y exige la dimisión o el cese de Marlaska y del Director General de la Guardia Civil, «no tienen capacidad, ya se ha demostrado»

La organización entrega a los políticos un informe detallado y solicitan que se tomen medidas «urgentes» en dotación de medios, endurecimiento de penas, y protección a los agentes

El secretario de comunicación el secretario provincial de Jucil se dirigen a los medios. A. vázquez
María Almagro

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«Ya deberían de haber sido cesados. Los dos. Es inconcebible que haya pasado algo tan grave y sigan ahí con su demagogia e incapacidad». Dos responsables de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, pedían así este viernes en Cádiz la dimisión o cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, tras la «salvaje ejecución» de dos guardias civiles a manos de unos narcos hace justo dos semanas en Barbate. «Nuestros compañeros murieron por falta de medios...¡no hay otra y se ha demostrado!».

El secretario de Comunicación y el secretario provincial en Cádiz de Jucil, Agustín Leal y Agustín Domínguez, se expresaban de forma tajante y clara este viernes ante los medios a los que citaban para detallarles la presentación de un informe que han presentado para promover la creación de una comisión de investigación en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, para que se aclare si la «inacción» del Gobierno en la lucha contra el narco en Cádiz facilitó el asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González, cuando el pasado 9 de febrero eran arrollados de manera mortal por una narcolancha mientras ellos iban en una pequeña embarcación e intentaban contenerlos.

«Queremos que se depuren responsabilidades. Para los políticos la seguridad no parece importante y si no existe esa seguridad, no existe todo lo demás», ha afirmado Agustín Leal. Según ha explicado, el informe que han entregado hace un repaso cronológico por todo lo ocurrido desde que por la mañana se daba el aviso de que había siete narcolanchas abarloadas en el puerto de Barbate. «Con total impunidad. A partir de ahí todo fue una tragedia. Entendemos que los principales culpables son los narcos pero existe otra responsabilidad derivada a los políticos porque la Guardia Civil no tiene medios por la dejadez de la Administración y este trágico episodio así lo ha demostrado».

 

Para Jucil «se ha perdido el principio de autoridad», y por ello, el Campo de Gibraltar y toda la provincia de Cádiz «es de nuevo un territorio hostil para el Estado de Derecho». Por este motivo advierten que son necesarias tomar medidas «urgentes». Unas medidas que pasan por garantizar la seguridad de los agentes, endureciendo la ley que les protege, considerándolos profesión de riesgo, como también establecer leyes concretas contra las prácticas de infraestructura del narco ('petaqueo'), o pedir la colaboración del Ministerio de Defensa para la vigilancia de las costas, entre otras cuestiones.

«La dotación de medios es un imperativo», ha advertido Leal, quien ha valorado como «todo un error» la desarticulación de OCON Sur. «Marlaska los ponía de ejemplo y quitar ese refuerzo que hacían fue toda una irresponsabilidad. Se han dicho muchas cosas pero nada claro».

Para Jucil otra de las medidas que son «imprescindibles» es la catalogación de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, una figura que implicaría un aumento de medios, además de mayores ventajas, garantías e incentivos para los agentes que trabajan en la provincia. «El ministro dijo hace dos años que iba para adelante y de momento sólo ha hecho demagogia».

El secretario de Comunicación de Jucil era especialmente duro con las declaraciones efectuadas por el director general de la Guardia Civil en las que, a su juicio, «le ha faltado el respeto a nuestros compañeros quitándole importancia a su asesinato». «Es una vergüenza todo lo que ha dicho... le han echado la culpa hasta el temporal... es vergonzoso». En el mismo sentido también se pronunciaba Agustín Domínguez, «es una barbaridad lo que dice, como si no hubiera pasado nada... tendría que dimitir».

Porque, según insistieron los dos portavoces, lo ocurrido en Barbate, «estaba más que avisado». Así lo ha concretado el secretario provincial quien ha detallado la serie de instancias enviadas a la Dirección General sobre el déficit de medios en Cádiz, como las patrulleras averiadas del Servicio Marítimo, y también la solicitud acerca de que se implantaran nuevos protocolos para poder perseguir y combatir a las narcolanchas.

Al respecto puso de ejemplo la necesidad de que los turnos de esta unidad sean de 24 horas y no de 12 para que su trabajo sea más efectivo y desgaste menos las embarcaciones, o que a los agentes de este servicio se les dote de chalecos antibalas adecuados, con flotabilidad. Además se pide una mayor coordinación de todas las fuerzas y un único mando táctico en tiempo real que dé los avisos de forma específica y deje el COS para otras cuestiones. O la colaboración de otras administraciones como Aduanas, Salvamento Marítimo, Defensa...

«Esto no puede volver a ocurrir», advertían para concluir los representantes de Jucil. «Por eso queremos activar esta comisión. Hay que depurar responsabilidades, los traficantes no pueden seguir ganando. No se puede permitir».

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