Editorial
Una reforma insoslayable
Los resultados de la auditoría sobre la administración paralela obligan al Gobierno de PP y CS a acometer su reorganización de manera ambiciosa y sin complejos
El Gobierno de Juanma Moreno tiene la obligación política y moral de revisar en profundidad la denominada ‘administración paralela’ de la Junta de Andalucía. Este compromiso estaba recogido tanto en el pacto de coalición entre PP y Ciudadanos como en el acuerdo parlamentario suscrito con VOX para garantizar la estabilidad durante la legislatura. La tarea es compleja, ya que en este entramado de más de 28.000 empleados públicos se incluye un conjunto muy dispar de empresas y fundaciones, entre las que hay nombres tristemente célebres por haberse convertido en sinónimo de descontrol en la gestión, como fue el caso de la Faffe (la fundación con cuyas tarjetas de crédito se pagaron facturas de prostíbulos) o la Agencia Idea (utilizada para gestionar los ERE fraudulentos al margen del control de los interventores de la Junta).
La primera auditoría sobre todo este aparato instrumental, realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía, fue claramente insuficiente y, con posterioridad, se ha recurrido a empresas externas para acometer una revisión más exhaustiva sobre la eficacia e idoneidad de cada uno de estos entes. Aunque los resultados se han dilatado en exceso (pues la legislatura se acerca ya a su tercer año de andadura), la presentación de las principales conclusiones en el Consejo de Gobierno de ayer constata, de nuevo, las peores sospechas que se cernían sobre este enorme entramado burocrático que creció de forma desbocada bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tal como recordó ayer Juan Marín, vicepresidente de la Junta, esta red conforma «una estructura desproporcionada, poco operativa, con duplicidades, que incrementa el gasto y que precisa mejorar su eficiencia». En suma, su confusa arquitectura ha favorecido las trampas «para generar una red clientelar» a lo largo de más de tres décadas de socialismo, sustituyendo en no pocas ocasiones la meritocracia por la arbitrariedad.
El Gobierno de PP y Ciudadanos no debe quedarse instalado en la simple denuncia de la situación, sino que ahora está más obligado que antes a explicar qué decisiones está adoptando para que no se perpetúe un sistema opaco que ha propiciado prácticas corruptas (que han aflorado en sentencias e instrucciones judiciales que aún siguen abiertas). El documento que ayer se presentó tras el Consejo de Gobierno exige tomar medidas drásticas en la racionalización de toda esta estructura administrativa. En este momento ya están en curso varios procesos de fusión que van a simplificar radicalmente la administración paralela, como es la unificación en una única agencia de cuatro organismos (Idea, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende); la integración de las empresas públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud;o la fusión de fundaciones como Barenboim, Tres Culturas y Legado Andalusí. Aunque son operaciones complejas tanto en el ámbito jurídico como en el de los recursos humanos, estas integraciones no pueden caer en la tentación del «gatopardismo», en el que todo cambia para seguir igual. De la misma forma que ahora se han publicado las principales conclusiones de las auditorías sobre la administración paralela (una información que siempre fue celosamente custodiada por los Gobierno del PSOE), debe existir un seguimiento puntual sobre el ahorro que va a generar la reforma del sistema, la utilidad real de cada uno de los organismos y la transparencia en el número de trabajadores y en su coste salarial. La solución debe estar, por lo tanto, a la altura de las expectativas que tanto PP como Ciudadanos generaron en su acuerdo de Gobierno.
