La salud entre rejas

La salud es lo primero. Pero para el Gobierno en funciones, no todos los ciudadanos tienen el mismo derecho. Al menos esa idea se desprende de las graves carencias de médicos que tienen las cárceles gaditanas. En la campaña electoral de las pasadas generales, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz apelaron a una nueva ley de sanidad para reducir las listas de espera y para garantizar que la salud mental esté cubiertas por la sanidad pública y no dependan del nivel de renta de los ciudadanos. Las arengas para movilizar al electorado de izquierdas volvieron a caer en saco roto, porque la realidad es que la falta de profesionales sanitarios en las cárceles es uno de esos muchos problemas que el Ejecutivo ha metido en el cajón del olvido.

La falta de médicos en las cárceles es un problema grave que afecta tanto a la salud de los reclusos como a la seguridad del personal penitenciario. Los internos tienen derecho a recibir atención médica adecuada, ya que su salud también es responsabilidad del sistema penitenciario.

El caso de la provincia es crítico. Falta al menos el 50% de los médicos. Además, la gran mayoría están cerca de la jubilación y los sindicatos alertan de que la situación cada vez está peor. Basta poner como ejemplo la situación de Puerto III, que es la cárcel de España con más reclusos.

El principal motivo es que los galenos cobran entre 800 y 1.000 euros menos que en un centro de salud, dependiente de la Junta de Andalucía. Por ello, los sindicatos piden que el Gobierno traspase sus competencias al Ejecutivo autonómico.

La falta de médicos provoca retrasos en la atención médica, diagnósticos incorrectos o falta de seguimiento de condiciones crónicas. Esto no solo pone en peligro la salud de los reclusos, sino que también puede aumentar los costos de atención médica a largo plazo si las condiciones no se tratan adecuadamente desde el principio.

Además, la falta de médicos puede afectar negativamente la seguridad de las cárceles. Si los reclusos no reciben una atención adecuada, los incidentes de violencia o disturbios pueden aumentar.

También puede crecer la carga de trabajo y el estrés para el personal penitenciario que debe lidiar con problemas de salud sin la supervisión médica adecuada. Se calcula que el 30% de los reclusos tiene algún trastorno psiquiátrico y que el suicidio es la principal causa de muerte en las cárceles.

No solo es una cuestión de derechos humanos, también de seguridad en las instalaciones penitenciarias.