OPINIÓN

Reproches por la crisis migratoria

Mientras el PP reclama una estrategia nacional para abordar el problema, Gobierno y Junta hacen la guerra por su cuenta

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La llegada a la Bahía de Algeciras del ‘Open Arms’ el pasado jueves con 87 inmigrantes a bordo ha marcado un antes y un después en la crisis migratoria que sufre España y en especial la costa gaditana desde hace tres meses. El nuevo Gobierno de España abrió la mano con el ‘Aquarius’ y, sin embargo, se ha mostrado menos receptivo con el ‘Open Arms’, ya que sus ocupantes no tendrán los mismos privilegios. Además, el Ejecutivo autorizó el desembarco en el puerto de Crinavis (San Roque), en lugar de Valencia, Barcelona o Palma como pedían las organizaciones humanitarias.

El PP no ha tardado en advertir un giro del Gobierno hacia la cruda realidad, es decir, a reconocer que la crisis migratoria necesita de una política con más altura de miras. Los populares gaditanos tienen previsto en las próximas semanas elevar a la Diputación y a los ayuntamientos una serie de mociones para reclamar al Gobierno una estrategia nacional en este sentido. La creación de un mando único –delegado en un coronel de la Guardia Civil– para controlar la inmigración no es, en absoluto, la solución a un problema que ya se ha ido de las manos. España necesita colaboración internacional para afrontar de manera conjunta y en origen este drama.

Las ONG y las Fuerzas de Seguridad del Estado del Campo de Gibraltar están desbordadas con esta situación. Más de 2.000 inmigrantes se encuentran alojados en centros y polideportivos de la provincia. Hasta el Colegio de Abogados de Cádiz ha reconocido que resulta muy difícil garantizar los derechos básicos de estas personas ante la falta de medios. Una crisis de esta magnitud obliga a una actuación conjunta donde el interés político queda en un tercer plano. Curiosamente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha pedido «comprensión mutua» a la Junta de Andalucía en la crisis migratoria, ya que aseguró que no se trata sólo de un problema exclusivo del Gobierno andaluz «sino también, en conjunto, para el Gobierno, por lo que nos afecta a todos». Apela a la comprensión de la Junta «porque el Gobierno no elige el lugar de llegada de los 20.000 migrantes que han venido a la costa andaluza».