La pose del odio a la concertada

Son centros a los que la administración les entrega fondos para que sumen sus servicios y así complementen las carencias de la red de centros públicos. Hace décadas que aparecieron, cuando los centros estatales eran incapaces de cubrir a toda la población en edad de escolarización obligatoria. Décadas después, mantienen su función con brillantez y respaldo ciudadano, lo que puede entenderse como una carencia de la administración pública. Pero, como ventaja, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en España.

En el caso hipotético de que la Junta de Andalucía fuera capaz alguna vez de satisfacer la totalidad de la demanda, y el gigantesco peso presupuestario que supone, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería. La opción de dar una educación con valores religiosos pasaría a ser un lujo al alcance de un pequeño sector de la población puesto que sería patrimonio exclusivo de algunos centros privados. Porque, ahora, con la fórmula vigente, la educación concertada también es pública. Ambas partes de la educación forman parte de la administración y están bajo su control.

Unos centros de forma directa y otros de forma subsidiaria –a través de un vínculo económico– que une de forma inequívoca, con normativa, a los concertados con la Junta. Todos, de una forma o de la otra, están bajo el amparo de las instituciones públicas. El empeño del Ayuntamiento de Cádiz, con sesgo excluyente y sectario, por señalar y cuestionar con soflamas a los centros concertados es, por tanto, una pose ideológica trasnochada. La sucursal gaditana de Podemos debe decir antes cómo financiaría todos los centros necesarios, todos los que existen en la actualidad, si todos fueran públicos. El resto tiene el mismo valor que un póster del Che Guevara.