El mundo del revés

Sin embargo, en España, que nuestra vivienda sea ocupada es sinónimo de comenzar a vivir un infierno sin horizontes a causa de la legislación que regula esta materia. Una legislación que hace que parezca que el mundo se encuentra del revés. Leyes que hacen que la víctima pueda llegar a convertirse en delincuente y el allanador en la figura damnificada.

Si el hecho de que un desalojo de estas características pueda demorarse más de dos años es irracional, más aún lo es que el propietario pueda ser acusado de un delito de coacción por el mero hecho de dejar de pagar los recibos del suministro de agua y luz que se encuentran disfrutando los avispados "okupas".

Según datos recientes, cada día se ocupan en nuestro país 54 viviendas. Muchas de ellas por parte de mafias que pretenden sacar algún tipo de rédito económico coaccionando al propietario al poder ampararse en una legislación que las favorece y protege. Muchos, también, son los casos de propietarios - personas de carne y hueso y no únicamente fondos de inversión - cuyos inquilinos llevan tiempo sin pagar las cuotas correspondientes sin que se pueda hacer nada al respecto. Quizás sea este, el de la inseguridad jurídica, uno de los motivos por el que el precio de los alquileres cada vez es más elevado.

Habrá quienes ocupen por necesidad, porque no tengan un techo bajo el que cobijarse. Sin embargo, invadir una propiedad privada no es la solución. Para solventar esas necesidades los poderes públicos deben, sin lugar a dudas, promover la construcción de viviendas sociales con alquileres asequibles.

Más de un 80% de los españoles es propietario de alguna vivienda e incluso casi el 20% lo es de una segunda. Siendo, además, el alquiler o reventa de las mismas uno de los complementos perfectos a la pensión de jubilación para muchas familias. Complementos mucho más eficaces que aquellos planes de pensiones privados que el Estado devora con impuestos cuando llega el momento de empezar a cobrarlos. Para que una democracia funcione es fundamental que el derecho a la propiedad privada esté garantizado. En este caso, en España es esencial que protejamos el derecho a que no ocupen nuestra vivienda.

Casi ningún partido político había hecho nada al respecto hasta ahora. Es más, alcaldesas de ciudades relevantes de nuestro país, así como muchos de nuestros ministros y algún que otro vicepresidente apoyan sin fisuras al movimiento "okupa". Por eso, que el principal partido de la oposición proponga ahora una ley que asemeje nuestro país en esta materia a nuestros vecinos europeos, debería ser una noticia aplaudida y recibida con esperanza por todos aquellos que demandan una solución urgente a este problema que cada vez se hace más grave.

Sin embargo, me temo que al no correr ni la Moncloa, ni mansión alguna en Galapagar, el riesgo de ser ocupadas, esto se mantendrá como un problema menor y el mundo seguirá, en este ámbito, como en muchos otros, funcionando del revés.