Alto Voltaje

Llevamos lustros asistiendo como espectadores mansos al desfile de políticos fracasados de todo signo, sin trayectoria profesional conocida fuera de su partido, que tras perder opciones y recuperar su insignificancia reaparecen al cabo de poco tiempo colocados en algún puesto de alta enjundia, oscura descripción y alcance vetado al hijo de cualquier vecino. Solo nos queda el alivio de saber que su trabajo resulta de gran utilidad para la sociedad que tan generosamente le paga el sueldo.

Sueldo que no conocemos y del que no quieren informarnos. Tenemos que remontarnos al 28 de junio de 2016 para encontrar una resolución de la Mesa de la diputación permanente del Congreso de los Diputados, que respondía a ese interrogante afirmando que “se trata de personal eventual cuya retribución no procede divulgar”. Y si usted se pregunta cuales son tan altas funciones, el mismo Órgano le explica en aquella resolución que “Forma parte de las atribuciones del grupo parlamentario la distribución y las funciones a desempeñar por este personal eventual. Sobre el currículo, no se exigen unos requisitos profesionales específicos o una determinada experiencia, al margen de lo que decida el propio grupo parlamentario”.

Desde luego, la falta de transparencia nos deja en el mismo lugar de partida. Salvo que en la opacidad encontremos la clave de bóveda: pocas veces habremos visto un curriculum más ajustado al puesto ofrecido.

Solo un dato más con el que pretendo llevarles a la reflexión: dentro de su oscuridad, la resolución comentada nos informa que las retribuciones de los asistentes de los grupos parlamentarios, para el ejercicio 2016, ascendían a más de SIETE MILLONES Y MEDIO DE EUROS, subrayando que esa cantidad queda al margen de las subvenciones que perciben los grupos parlamentarios.

Siete millones y medio de euros anuales. Que se sacan de nuestros maltrechos bolsillos y se destinan a pagar unos servicios prescindibles para el ciudadano, ventilados por gente colocada a dedo, sin sometimiento a ningún proceso de valoración de mérito ni capacidad, por llevar a cabo funciones ignotas sin aprovechamiento conocido. En el Congreso. Sumemos ahora el Senado, Parlamentos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos… Y restemos educación, sanidad, ayudas sociales…

Se me ponen los pelos de punta.