De la caja única a la caja blindada

El PNV viene exigiendo la competencia de la gestión de la Caja única de la Seguridad Social, lo que supondría la ruptura del sistema y el final de su fundamento consistente en la solidaridad nacional. Los apoyos recibidos tienen un precio. Además de las competencias carcelarias, quien sabe sí la irresponsabilidad del doctor cum fraude, supone, además, negociar trocear la Seguridad Social. Las manifestaciones en Bilbao todos los lunes de los pensionistas, comenzaron siendo una reivindicación relacionada con las transferencias y auspiciada desde el propio gobierno vasco y el partido que lo apoya, el PNV. Sí, ese que pactó con el PP la actualización de las pensiones conforme al IPC, para apoyar los Presupuestos del Estado en 2018 y a los pocos días pactó con el PSOE la moción de censura.

Sin duda, el PP incurrió en grave contradicción en el fondo y en la forma con lo que había legislado cuatro años atrás, con la promulgación de la Ley 23/2013. El fundamento y justificación de la misma son descritas en su Exposición de motivos, centrándose sobre todo en la evolución que se está experimentando en España con una elevación prevista de la esperanza de vida y bajas tasas de natalidad. Éstos son los dos grandes problemas a los que se enfrenta nuestro sistema de pensiones. Además, la gravísima crisis iniciada en 2007, ha anticipado en varios años la aparición del déficit en las cuentas de la Seguridad Social. La Caja única no da más de sí. ¿Alguien cree que su blindaje constitucional, como dice el “doctor ignorante”, en todo aquello que no sea diseñar, ejecutar y sacar frutos de políticas aptas sólo para pillos, posibilitará la garantía de la pensión y de su cuantía?

Estamos inmerso en campaña electoral. ¿Y cuando no lo estamos en nuestro país? El marqués de Villa Tinajas promete el “casi gratis total” como los hoteles de las pulseritas o del todo incluido. Su “programa para un nuevo país”, parece una copia de la Utopía de Tomás Moro, un cuento irrealizable y él, “el marqués” lo sabe, pero miente. En la izquierda, el debate desde que aterrizó en falcón “el doctor”, la pugna se centra en quién da más, sea racional y posible o no. ¡Qué más da ¡Y claro, restarle espacio político a PODEMOS por el PSOE, virado a la izquierda cada vez más extrema, exige un ejercicio de fantasía y demagogia, de la que es experto, grado “cum fraude” el presidente del gobierno! Su ocurrencia es el “blindaje constitucional de la pensión de jubilación”.

Y yo me pregunto, ¿por qué no ha decidido constitucionalizar cualquier prestación de Seguridad Social, ya que la percepción de cada una de ellas se fundamenta en un estado de necesidad del perceptor? ¿O es que al “doctor plagio” le interesa más la protección del jubilado, que la del invalido permanente? Claro que sí, los pensionistas de jubilación son nueve millones, mientras que los inválidos permanentes en sus distintos grados no llegan al millón. Es cuestión de número. ¿A ver si el doctor libélula, en realidad se doctoró en “big data” y no lo ha querido decir? La vida da muchas sorpresas.

El blindaje, es una promesa más, vacua, como casi todas las cosas que dicen y no pueden hacer después los políticos. El blindaje constitucional quedará como una más de las reiteradas promesas incumplidas. Es una promesa sin fundamento, a sabiendas que no se puede cumplir. Hay que añadir un nuevo tipo penal, el de la prevaricación política, para cerrar el círculo del tipo de la prevaricación administrativa. Falconeti pretende que se reconozca como derecho fundamental la pensión, alardeando que la pensión es un derecho y no una mercancía. Lo dice porque la cuestión está perfectamente regulada en el artículo 50 CE, dentro del Capítulo de “los principios rectores de la política social y económica”.

Por supuesto, hizo un segundo alegato en “contra de la privatización total o parcial del sistema público. Lo que es falso, solo que la reforma y así se dijo cuando en 2011 se firmó el Acuerdo Social y Económico, suscrito entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos, sobre la imperiosa necesidad de la implantación del complemento de la pensión del sistema de reparto, con otra construida a través de un sistema de capitalización.

En resumen, la solución de instituir la pensión como derecho fundamental, es la solución jurídica más individualista y en consecuencia más insolidaria, ya que convertiría a los jueces en administradores del sistema de pensiones, correspondiendo en ese caso a Sus Señorías, decidir en cada pleito planteado, si la pensión discutida es adecuada en términos constitucionales y sí además es suficiente. El CGPJ pasaría a denominarse el de “Sus Señorías SA”, convertidos entonces en gestores del sistema. Sánchez, coge tu Peugeot y date la vuelta al mudo en 80 años, y déjanos en paz. Porque no solo te vas a cargar el sistema sino también el país.