El 'Aquarius'

La decisión del Gobierno de Sánchez de acoger a los inmigrantes del ‘Aquarius’ ha sido un revulsivo estimulante que ha devuelto a la política española buena parte de la grandeza democrática fundacional, que había ido degradándose por muchas razones, entre las que la corrupción a chorros no ha sido la menos importante. Que un Gobierno progresista, recién instalado tras la dura expulsión del anterior por la indecencia de su comportamiento, atienda la llamada de socorro de unos infortunados repudiados por la opulenta Europa al margen de ideologías y conveniencias electorales es un gesto oxigenante que reconciliará a gran parte de la ciudadanía con lo público y con la socialdemocracia. El poder no sólo sirve para satisfacer bajas pasiones sino también para prodigar los más elevados valores.

De la misma manera que la propia composición del nuevo Gobierno ha aclarado mejor que cualquier declaración la ubicación del gabinete y lo esencial de su proyecto político –los nombres de Borrell y Calviño, juntos, configuran pos sí solos un claro programa en relación a Cataluña y a Europa–, el asilo al ‘Aquarius’ marca también una pauta de conducta que orienta a la ciudadanía. Porque la cuestión compleja de la inmigración requiere arduos acuerdos comunitarios, decisiones valientes, medidas colectivas de política exterior... Pero para la España que renace, es una cuestión de ética que enfatiza el valor esencial de la vida y la dignidad humanas. Polemicemos sobre la inmigración pero después de haber acogido a los infortunados que han quedado varados en la playa hostil del norte supuestamente civilizado.

Por decirlo de otro modo, el gesto del ‘Aquarius’ ha puesto a cada cual en su lugar: así, cuando el portavoz parlamentario del PP ha criticado al Gobierno porque no es ético (sic) socorrer a inmigrantes con fines propagandísticos, una colosal carcajada habrá cruzado el suelo patrio: ¿cómo se atreven a impartir patentes de ética, teniendo tantos cadáveres en la recámara? La desfachatez llega a extremos inauditos: el Grupo Popular europeo ha pedido a España que repatríe a los inmigrantes económicos para evitar el ‘efecto llamda’.

Italia, tercera potencia económica de la UE (si se excluye al Reino Unido), gobernada por un inquietante híbrido de populismo y extrema derecha, ha rechazado a los inmigrantes porque se considera víctima de un abuso de sus socios comunitarios, que no se solidarizan con su acción humanitaria ni contribuyen a resolver el problema (los países del grupo de Visegrado ignoran además las normas comunitarias sobre inmigración, sin que haya represalia alguna). Se puede entender fácilmente el hartazgo italiano, pero de ningún modo el problema puede resolverse tomando en rehén a los infortunados que huyen literalmente del hambre y de la muerte.