Una diplomacia más activa

El documento, muy compacto, señala que la llegada de la administración Biden «abre un escenario más optimista» y «una oportunidad que hay que aprovechar». En relación con la UE, el Gobierno impulsará «una Unión Europea más federal», con mayor autonomía estratégica, más competencias y la ampliación a más ámbitos de la mayoría cualificada, en lugar de la unanimidad (España presidirá la UE en el segundo semestre de 2023). Se impulsará la relación de la UE con América Latina, que celebrará en el periodo diversos centenarios de la independencia. Se abona un «Sistema Europeo de Inmigración y Asilo, bajo le principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, y una gestión integral de las fronteras exteriores». Se buscarán «relaciones más equilibradas» con China, sobre todo en lo económico, evitando «dinámicas de confrontación». Y se adquiere el compromiso de destinar el 0,5% del PIB anual a cooperación al final de legislatura (actualmente estamos en el 0,2% y el porcentaje recomendado por la ONU es del 0,7%).

Al margen de estas cuestiones definitorias, que expresan la opinión del Gobierno pero que han sido contrastadas con las instituciones consultivas, la FEMP y otros organismos, y que se propone someter a la opinión de las autonomías, que quedará plasmada en la propia acción internacional, el documento incluye una reforma a fondo del servicio exterior, cuya actual regulación es de 1993 y que se ha postergado en numerosas ocasiones.

Es evidente que el papel del diplomático, en un mundo sin distancias en que un Consejo Europeo puede celebrarse ya por videoconferencia, ha de ser muy distinto del hace apenas unas décadas, cuando el embajador era realmente el emisario político que dirigía in situ las relaciones con el país de destino. Las legaciones diplomáticas del futuro deben ser la base para la acción exterior no sólo del Estado sino también de la sociedad civil, la sede de la información que precisa el comerciante para instalar su negocio, el importador para encontrar ofertantes, el español trasterrado y con problemas que necesita asistencia. Por ello, se quiere implementar «una diplomacia moderna, ágil y coherente», que, de entrada, debe ser abastecida de más personal. España tiene hoy 940 diplomáticos de carrera (El 28% de los cuales son mujeres) y 5.452 funcionarios y laborales de otras titulaciones. Francia tiene 2.134 diplomáticos; Alemania, 1.703, y el Reino Unido, 1.503. Se quiere asimismo reorganizar la carrera diplomática para -entre otras cosas- que deje de ser elitista, lo que requerirá eliminar las barreras socioeconómicas. El documento también recoge la aspiración de una «política exterior feminista» en la que se plantea incorporar «el enfoque de género de manera transversal» a la acción exterior española. Lógicamente, será preciso corregir el actual desequilibrio entre hombres y mujeres en las sedes diplomáticas, que se digitalizarán hasta lograr una «autonomía cognitiva» en materia de relaciones internacionales con el uso de inteligencia artificial, ‘big data’ y otras tecnologías.

Sería deseable que estas buenas ideas se complementasen con aportaciones de la oposición para despolitizar en lo posible el campo de unos servidores públicos que tienen el deber de la neutralidad. En todo caso, la reforma es ineludible y urgente.