Un debate que no existió

No hubo debate. El portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, se enredó con otros asuntos antes de responder a la moción planteada por el PP sobre la amnistía. La bancada socialista cambió el tercio para no entrar a debatir sobre este espinosos asunto y optó por hablar del «reparto sectario» del remanente de caja de la Diputación. Ruiz Boix estaba más a gusto lanzando un dardo a la presidenta de la Corporación, Almudena Martínez del Junco, que contestando a la moción planteada por el PP sobre la amnistía y el proceso de autodeterminación que persiguen los separatistas como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Fue más contundente a la hora de expresar su opinión sobre este tema el diputado de IU, Ramón Galán, que reconoció que en los últimos años la cuestión de Cataluña ha ido a mejor, con menos conflictividad, al tiempo que destacó que la amnistía forma parte también de la democracia y su aplicación servirá para lograr una convivencia en paz. La moción salió adelante gracias los votos del PP y de La Línea 100 x 100, mientras que PSOE y IU la rechazaron. Precisamente el diputado de La Línea 100 x 100, Javier Vidal, calificó la amnistía de «golfada». Por más que lo intentó el portavoz del PP, Juancho Ortiz, los socialistas no entraron al trapo y advirtieron de que una moción de este tipo solo servía para no debatir los problemas de los gaditanos, es decir, era una cortina de humo. La moción reconoce que España es «una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones donde no cabe proyecto alguno que trate de romper la igualdad o dotar de privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España». Fue Ortiz quien contextualizó el planteamiento de este debate en el «desafío histórico» que suponía para España «la posibilidad de supeditar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a un acuerdo con partidos independentistas que incluyan como condición la amnistía para los encausados por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña». Defendió «la necesidad» de proponer «un gran acuerdo nacional entre los partidos demócratas que afronte los principales desafíos» que se presentan y que son, como enumeró, «la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial, además de un modelo de financiación que garantice los principios de igualdad y solidaridad para comunidades autónomas».