OPINIÓN
Pena de muerte
Los inocentes ejecutados en ese u otro país del mundo, con garantías judiciales más que dudosas, ni se sabe
Durante estas últimas semanas está siendo noticia el asesinato en Tailandia de un médico colombiano por un joven español de una conocida familia. Posiblemente sea esto último lo que hace que el terrible suceso acapare horas de pantallas o conversaciones de sobremesa. El caso recuerda, inevitablemente, al que se vivió en Cádiz hace ya algunos años cuando un estudiante asesinó y, posteriormente, descuartizó a otro joven.
Si difícil es identificar los motivos que llevaron a ambos al asesinato, más difícil aún es imaginar lo que puede pasar por la mente de una persona para llegar a matar a otra, para luego descuartizar el cuerpo del que hasta entonces parecía que era un amigo o un compañero. La diferencia entre los dos casos es la consecuencia para el homicida de la premeditación que, en el caso tailandés, supone la pena de muerte, algo que no sabemos si el joven español también alcanzó a meditar. Es justo que las acciones delictivas lleven aparejadas un castigo en proporción al acto realizado, al tiempo que con ello se intente proteger a la sociedad y se procure, en la medida de lo posible, la rehabilitación del reo. Sin embargo, no parece que la ley del Talión, el ojo por ojo, sirva para todo ello.
Tampoco para disuadir del delito. Ahora se habla de la pena de muerte centrándola en el caso de Tailandia, pero, en realidad, todos los días se ejecuta alguna en muchos lugares del mundo. En nuestro país no existe, afortunadamente, desde hace muchos años; la Constitución de 1978 se encargó de eliminarla. En otros países se tardó un poco más. Por ejemplo, en Francia, no se abolió hasta 1981 pocos años después de la ejecución en la guillotina del último condenado. Y, actualmente, en Europa, solo Bielorrusia ostenta la triste singularidad de mantenerla. A pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los numerosos protocolos internacionales dirigidos a intentar abolir la pena de muerte, son aún muchos los lugares del mundo en los que sigue vigente.
Aunque algunos países la han eliminado para los delitos de derecho común y en otros existen moratorias para las ejecuciones, sigue manteniéndose en muchos lugares. Según los datos aportados por Amnistía Internacional en el 2022 se llevaron a cabo 883 ejecuciones, un 53% más que en el año anterior, muchas de ellas por condenas por drogas, unas cifras que no contemplan la aplicación de la pena de muerte en China cuyos datos no son públicos.
En algunos casos las ejecuciones han sido públicas (Afganistán), en otros se ha aplicado la pena capital a personas que cometieron el delito siendo menores de edad (Irán) mientras que, según denuncia AI, en otros países, como Irán, Japón o Estados Unidos, se ha condenado a muerte a personas con discapacidad mental. Porque, aunque China, Irán o Arabia Saudí se llevan los mayores récords, la pena de muerte también está presente en los países supuestamente más desarrollados del mundo; 17 ejecuciones en Estados Unidos en lo que llevamos de año, la última el pasado 3 de agosto. No son pocas las personas que, en EEUU, han salido del corredor de la muerte al lograr demostrar su inocencia. Los inocentes ejecutados en ese u otro país del mundo, con garantías judiciales más que dudosas, ni se sabe. Para pensarlo.
