Vacaciones pagadas

La medida, populista como casi todas las que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso liderada por la coalición que forma Sumar desde su ala izquierda, suena muy bien. Lógicamente, todos los trabajadores desearían tener menos horas laborales y seguir cobrando lo mismo.

Sin embargo, el principal problema es saber ¿quién paga la fiesta?, o en este caso los días de vacaciones que se acumularían.

Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusa al Ministerio de Trabajo de gobernar «contra las empresas, el país y los ciudadanos», asegurando que la reducción supone que las empresas tengan que dar 12 días más de vacaciones pagadas a sus empleados. Y no le falta razón.

El Consejo General de Gestores Administrativos de España ha presentado esta semana un informe sobre el impacto económico que supondrá esta medida, cifrando en 15.300 millones de euros el coste para las empresas de reducir la semana laboral a 37,5 horas. De aplicarse dicho recorte a las 40 horas de la jornada actual, los empleados dejarían de trabajar más de una decena de días al año, en un baremo que la patronal cifra en 12 jornadas y los sindicatos en torno a las 16.

Ese agujero que provocaría la medida planteada por el Gobierno puede suponer un tremendo varapalo para las pequeñas y medianas empresas.

En Cádiz, los representantes empresariales tampoco ven con buenos ojos esta medida que deja abiertas muchas incertidumbres. Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, acusa al Ministerio de Trabajo de imponer su agenda sin escuchar las propuestas de la CEOE. Por su parte, Antonio de María, presidente de Horeca se pregunta si van a tener que contratar a alguien para que venga a echar esas dos horas y media de reducción.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz, Stefaan De Clerck cree que se trata de una medida intervencionista por parte del Estado. La polémica está de nuevo sobre la mesa.