El Palmar se lleva la palma

Desde la Consejería de Vivienda del Gobierno andaluz tienen controladas «más de 1.500 viviendas» en El Palmar, de las cuáles «160 viviendas se encuentran en una situación ilegal», declara la delegada provincial, Carmen Sánchez. No obstante, aclara que «las viviendas ilegales son las que tienen este procedimiento de derrumbe en el que nos encontramos y que van a ser demolidas», mientras que «las irregulares son las que llevan construidas más de seis años y tienen la posibilidad de contar con un plan especial para regularizarlas y llevar la normalidad».

Hay dos motivos importantes a la hora de poner freno a este tipo de construcciones. Por un lado está el medioambiental. ya que estas viviendas no son autosuficientes y tienen que pinchar para tener agua y también para desalojar todos los residuos, provocando una contaminación importantísima en esta zona.

Por otro lado está la situación de peligrosidad que puede provocar que la mayor parte de las viviendas que se instalan son viviendas prefabricadas. La mayoría no cumplen con la normativa y pueden suponer un peligro porque puede haber un incendio.

A todo ello se suma una circunstancia que deja claro el ánimo de lucro de los perjudicados. Lo apunta la delegada provincial de Vivienda: «De estos expedientes que tenemos abiertos casi el 99% son de viviendas turísticas», y hace hincapié en que «no tenemos primeros residentes en estas casas, no estamos echando a la gente de sus casas».

Así pues, la ejecución de los expedientes por parte de la Junta de Andalucía es básica para parar ese boom de viviendas prefabricadas que han poblado los terrenos agrícolas de El Palmar.