El apunte
La justicia toma la calle
Los profesionales del Derecho alzan la voz en Cádiz contra la ley de Amnistía
No es nada habitual que la judicatura española, desde jueces a abogados pasando por fiscales y notarios, salga a la calle a protestar y, menos aún, por un debate político. Sin embargo, los profesionales del derecho han unido su voz contra la ley de Amnistía que este martes ha registrado el PSOE en el Congreso y que, gracias a ella y a los acuerdos pactados con los independentistas, permitirán la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
La judicatura española clama contra la politización de la justicia. Siete votos ha costado el acuerdo más polémico, trascendental y, a la vez, surrealista para que Sánchez siga en la Moncloa cuatro años más con la excusa de mantener un gobierno de progreso en nuestro país. Las consecuencias de esta ley de Amnistía serán letales para la convivencia democrática en nuestro país y también para preservar el equilibrio de igualdad territorial. La democracia española tiene un boquete y los jueces, con sus protestas y llamadas de atención, quizás sean los únicos capaces de evitar el hundimiento.
Un centenar de jueces, magistrados y fiscales se han concentrado este martes ante la Audiencia Provincial de Cádiz en contra de la separación de poderes que conlleva la proposición de la ley de Amnistía presentada por el PSOE, acordada con Junts per Catalunya y ERC para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, declaró que esta representación de la judicatura gaditana estaba realizando un acto triste en el que hemos querido escenificar nuestra honda preocupación por lo que está ocurriendo en este país».
Estrella apuntó que «no aceptamos ni como idea el concepto de 'lawfare' -instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política- porque España es un Estado de derecho ejemplar y nunca se ha hecho así y esperemos que no se haga nunca». Añadió que «nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente ni a la inversa. Hay que recordar que vivimos en un estado democrático de derecho y la separación de poderes es sagrada. Como es en todos los países de la Unión Europea y en todos los países civilizados del mundo».
La independencia judicial es innegociable, pues «sería absolutamente indigno que jueces y magistrados que han puesto sus sentencias simplemente aplicando el derecho aprobado por el poder legislativo, tengan que someterse a un control vía parlamentaria en un órgano que no es el que compete para controlar la labor de los jueces».
